Ciudad de México.– La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, deslindó al Consejo General de la reciente contratación de Jesús Octavio García González como nuevo administrador del instituto. Ravel subrayó que la responsabilidad recae exclusivamente en la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a quien urgió a aclarar posibles conflictos de interés.

La controversia surge debido a que García González se desempeñaba, hasta hace poco, como representante de empresas proveedoras de órganos electorales, y ahora tiene bajo su mando todas las licitaciones y adjudicaciones directas del INE.

Una atribución “unipersonal”

Ravel explicó que el nombramiento fue posible gracias a las reformas secundarias derivadas de la reestructuración del Poder Judicial, las cuales otorgaron a la presidencia del INE la facultad de designar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin necesidad de obtener el consenso del Consejo General.

” “Debe quedar claro que las consejerías no revisamos el perfil y no lo validamos. Cuando esta persona llegó, no la conocíamos, no teníamos el currículum e incluso tuvimos que pedir en mesa de consejerías que, por lo menos, se presentara”, reveló Ravel.

Alerta por presunta “compra simulada” de 63 mdp

La consejera también calificó como “grave” el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó la falta de documentación comprobatoria en un gasto superior a los 63 millones de pesos durante el ejercicio 2024. La ASF investiga una posible simulación en la adquisición de productos y servicios.

” “El INE debe ser absolutamente transparente; no se debe minar la confianza en la institución”, enfatizó Ravel, aclarando que el cuerpo de consejeros no forma parte de la Junta General Ejecutiva, instancia donde se toman las decisiones administrativas y jurídicas de alto nivel.

Bloquean liquidaciones por procesos abiertos

Finalmente, la consejera informó sobre una medida administrativa que afecta a los tres integrantes del Consejo que concluyen su periodo en abril próximo. Debido a un proceso abierto por el Órgano Interno de Control (OIC) —derivado del sentido de un voto emitido en 2021—, los consejeros salientes no podrán cobrar su liquidación en tanto no se resuelva el expediente.