Ciudad de México.- Tras adjudicar de forma directa un contrato al proveedor José Alfredo Hernández Casillas mediante un concurso a modo, el INE, encabezado por Guadalupe Taddei, perdonó casi en su totalidad una penalización de 4.5 millones de pesos a sus empresas por retrasos en el servicio.

Pese a incumplir los plazos de entrega estipulados en el contrato por 198.7 millones de pesos, la sanción original de 4 millones 581 mil 46 pesos impuesta a las compañías Cajas Graf y TOL Producciones, ambas ligadas a la familia de Hernández Casillas, fue rebajada a apenas 25 mil 893 pesos.

El negocio correspondió a la compra de mamparas y urnas destinadas a la elección judicial de 2025.

La asignación se consumó mediante una competencia simulada: el INE convocó inicialmente a una licitación con ocho participantes, de los cuales tres pertenecían al mismo grupo familiar.

Con el argumento de que ninguna propuesta cumplía el 100 por ciento de los requisitos técnicos, el concurso se declaró desierto, maniobra que abrió la puerta para entregar el contrato por adjudicación directa.

El artífice de la operación fue Edgardo Amaya Robles, entonces director de Recursos Materiales y Servicios del INE, colaborador cercano a Taddei y ex funcionario en el Gobierno de Sonora durante la gestión del morenista Alfonso Durazo.