El comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien presentó el tema al Pleno, señaló que este asunto es trascendental y relevante porque tiene que ver con las decisiones administrativas relacionadas con la propuesta de eliminación del horario de verano en el país.

“

Considero de la mayor relevancia conocer la forma en que se llevó a cabo esta encuesta, la metodología utilizada y los resultados obtenidos, para que la sociedad esté en condiciones de opinar y de conocer los argumentos que sustentan la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo federal para la eliminación del horario de verano”, apunto el comisionado.

Mencionó que el Horario de Verano es una medida que ha venido implementándose en México desde hace más de 20 años y, sobre todo, tiene un impacto puntual en los residentes de la frontera norte del país.

En México, refirió el comisionado del organismo autónomo, se han presentado una serie de cambios y adecuaciones a los husos horarios, principalmente de carácter comercial y económico.

Expuso que en 1996 se publicó el Decreto por el que se establecieron estos husos horarios estacionales, teniendo como motivos principales la disminución de la demanda de energía eléctrica, reducción en el consumo de combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica, disminución en la emisión de contaminantes, menor consumo de energía eléctrica, abatir costos de producción y proteger el ingreso familiar,.

Así como mayor número de actividades a la luz del día que generan condiciones de seguridad pública, agregó Alcalá Méndez.

El comisionado comentó el caso concreto de una persona que solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República la versión pública de la encuesta que hizo u ordenó la Secretaría de Gobernación sobre la aceptación ciudadana del horario de verano.

Dicha encuesta ha servido de base para que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie la propuesta de eliminar el Horario de Verano.

El particular también solicitó la versión pública del contrato y/o facturas por la elaboración o adquisición de dicha encuesta y, también, todos los documentos que estén relacionados con ese ejercicio.

En su respuesta,  la Oficia de la Presidencial argumentó que su incompetencia y le sugirió al particular que dirigiera su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión, especificó el comisionado Alcalá Méndez. La Oficina de la Presidencia de la República defendió la legalidad de su respuesta inicial.

Sin embargo, en el análisis del comisionado del INAI, apuntó que la Presidencia cuenta con diferentes unidades administrativas para dar respuesta.

“

Entre las que se ubican la Oficina de la Jefatura de la Presidencia de la República, la cual tiene múltiples y diversas funciones, como lo es la de auxiliar al Presidente de la República en la toma de decisiones en asuntos que éste le encomiende, apoyar en el seguimiento de las políticas públicas que, por su importancia o trascendencia en el desarrollo nacional, tengan impacto y también le encomiende el Presidente, revisando, con el apoyo de las demás unidades de apoyo técnico, las evaluaciones periódicas (…) con el objeto de poder aportar mejores elementos para la toma de decisiones”, subrayó.

El organismo autónomo sostuvo que el comisionado Alcalá enfatizó que el mismo Presidente de la República ha aceptado, explícitamente, contar con esta encuesta que motivó la solicitud del particular.

Por ello, consideró que debe darse el acceso a la encuesta, ya que se encuentra en posesión del sujeto obligado, es decir, la Oficina de la Presidencia de la República.

La información que constituye la base documental que sustenta cualquier decisión de carácter administrativo, tomada por los servidores públicos en su ámbito competencial para ejercer sus facultades, atribuciones y competencias, debe ser dada a conocer a la sociedad, a efecto de favorecer un efectivo ejercicio de rendición de cuentas, de conformidad con lo previsto en la propia Ley General y de la Ley Federal de Transparencia, abundó.