Coahuila
Publicado el miércoles, 30 de abril del 2014 a las 14:01
Múzquiz, Coah.- Confirman que efectivamente a los deudos de los 7 mineros de Palaú caídos en la mina El Progreso en 2012, aún se les deben alrededor de 30 mil pesos a cada familia, como lo han reclamando recientemente esposas y madres de familia de los infortunados trabajadores, pero que es Eduardo Morales Martínez, propietario de Rodensa, originario de Múzquiz, quien tiene pendiente esa deuda moral y no Federico Quintanilla, como se ha venido difundiendo por parte de las afectadas.
Fuentes dignas de todo crédito informaron a Zócalo ayer que con respecto a esta situación, esta empresa que ha tenido una serie de conflictos legales por la concesión y la sociedad, en la que también se vio involucrado Rubén Trejo como socio de la empresa, pero que este último decidió retirarse ante la ambición desmedida de Morales Martínez.
Durante un tiempo, dijo la fuente, se les estuvo pagando a todas las viudas y madres de familia los 1 mil 500 pesos por semana en tanto se les liquidaba conforme a la ley, pero al final, efectivamente, Eduardo Morales Martínez, no Federico Quintanilla como todos creen, les quedó debiendo estas cantidades, aun cuando hubo un acuerdo con los familiares.
Tal como se recordará, el 25 de julio de 2012 se registró un accidente donde murieron 6 mineros, con domicilio en el mineral de Palaú, y a raíz de esta situación es que se hizo el ofrecimiento de pagar a los deudos de acuerdo con un convenio que no ha cumplido el dueño de Rodensa y que con justa razón vienen exigiendo, como lo han hecho desde aquella fecha los familiares y como lo hicieron a través de este medio informativo recientemente las señoras María de Lourdes Camacho, madre del minero caído de nombre Javier Medina Camacho y María del Carmen Almanza Flores, quien perdió a dos de sus hijos, identificados como Omar Efraín y Daniel Iván.
Asimismo, se informó que tanto Federico Quintanilla como el empresario muzquense Eduardo Morales Martínez tienen una reunión pendiente con el Gobierno del Estado, ante quien tienen que rendir cuentas y su mayor temor a la fecha es que les sea retirada la concesión minera que tienen en esa área del Mineral de la Florida y predios aledaños para explotar más de 110 hectáreas.
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