Ciudad de México.- El INE respondió que es falso que validó o investigó a 27 proveedoras del PAN en el Estado de México, acusadas de ser empresas fantasma, a las que les pagó 73 millones de pesos entre el 2015 y 2023.

Funcionarios del organismo aclararon que el Instituto no revisa la legalidad de cada una de las facturas que entregan los partidos para justificar su financiamiento público, sólo aquellas que observan como “sospechosas”.

Por ello, explicaron, al no detectar alguna anomalía, dieron por “buenos” los comprobantes de esas empresas que presentó el PAN al INE, sin que esto signifique que no había alguna irregularidad detrás.

REFORMA publicó que del 2015 al 2023, el PAN mexiquense otorgó 73 millones de pesos a 27 posibles empresas fachada, pues tienen domicilios inexistentes, sin razón social y están relacionadas entre sí.

Líderes panistas argumentaron que los contratos a dichas compañías fueron “inspeccionados” y “validados” por el INE.

“ Las empresas mencionadas en la nota fueron inspeccionadas físicamente por la autoridad electoral prácticamente en tiempo real, ya que como es de su conocimiento, el gasto se reporta de manera permanente en el sistema integral de fiscalización”, argumentó el líder del PAN en el Estado de México, Anuar Anzar.

Sin embargo, funcionarios del Instituto afirmaron que esto es falso, pues no se investigó a ninguna de esas empresas de manera particular, y por ello no se pronunció sobre alguna ilegalidad de estas.

Advirtieron que si se presenta alguna denuncia ante el organismo se determinará si procede o no abrir una investigación.

Prenden ‘alerta’

Mientras tanto, justificaron, la información publicada por REFORMA obliga a poner lupa si aparecen estas empresas en el informe de gastos del PAN del 2024, que está en proceso.

El INE es la única instancia encargada de revisar, en periodos muy breves, cómo gastan los partidos nacionales y estatales las prerrogativas que reciben, por lo que estos entregan millones de comprobantes, y el organismo confía que todo es legal.

Sólo cuando los auditores ven alguna anomalía se solicita información a la empresa y, de no entregarla, se investiga más a fondo y si se sospecha de su actividad, se da vista al SAT para que determine su legalidad.