Ciudad de México.- El INE prohibirá a los candidatos al Poder Judicial contratar encuestas, por lo que ante el boom que se prevé circule en medios y redes sociales, pondrá lupa para conocer su origen y sancionar.

La reforma judicial prohíbe a los aspirantes financiamiento público y privado, y sólo permite al abanderado el uso de “gastos personales”, por lo que los consejeros advierten que deberán existen mayores controles para vigilar lo que invierten en su promoción.

“ Quedará prohibida la contratación, por parte de personas candidatas, por sí o por interpósita persona, de personas físicas o morales que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión“, indica el artículo 5 de los nuevos lineamientos.

Estos fueron aprobados por la comisión que organiza la elección judicial, y serán discutidos por el Consejo General el próximo lunes.

Durante la sesión se avaló la propuesta del consejero Arturo Montaño para que exista una consecuencia jurídica por el incumplimiento y se contabilice como un ingreso no permitido.

“ En el caso de que se identifique que una persona candidata incumpla esta disposición o que alguna persona llegue a conocer los resultados de dichos conteos o encuestas antes de que se haya difundido por un medio de comunicación a la ciudadanía, se dará vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para los efectos legales conducentes”, indica la adenda aprobada.

El consejero adelantó que en los próximos días también se avalarán las reglas para los candidatos en materia de fiscalización, por lo que estará incluida ésta.

También se determinó que será la Coordinación de Comunicación Social la que realice el monitoreo y entregue reportes cada semana.

“ (Todo esto) para que nosotros podamos hacer frente a la diversidad de los supuestos y conductas que van a llegar a presentarse y que de manera eventual pudieran afectar una parte importante que es la equidad en la contienda”, apuntó.

En los lineamientos se establecen los requisitos deberán cumplir las casas encuestadoras y los medios de comunicación que difundan los sondeos. Por ejemplo, deberán informar cuánto gastaron y quién pagó.

“ Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local que corresponda, un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente.

“ Autoría y financiamiento. Los datos que permitan identificar fehacientemente la persona física o moral que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o denominación social, logotipo, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan responder requerimientos sobre los estudios mismos”, indica el documento.

Ante las determinaciones de jueces que siguen llegan al INE en las que le ordenan suspender el proceso del Poder Judicial, en el acuerdo se establece que el Tribunal Electoral dio luz verde para continuar con la organización.