Jalisco.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena inició el proceso de expulsión del ex Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y del ex director del Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal, tras su detención.

El partido oficial indicó que al presuntamente incurrir en corrupción y actividades delictivas, violaron los estatutos del partido.

“La presunta comisión de actos delictivos graves, tales como hechos de corrupción y la posible vinculación con grupos de la delincuencia organizada, tal como se ha difundido en diversos medios de comunicación, constituye una vulneración directa a dichos principios fundamentales”, indica el procedimiento sancionador que de oficio inició la Comisión el pasado 5 de febrero.

Además, en el documento público, el órgano admite que las conductas de los morenistas representan un riesgo real y latente para la unidad interna, imagen pública de partido y su estrategia política.
De acuerdo con información oficial, Rivera secuestró al precandidato de Morena a la Presidencia municipal, Guillermo Cordero García, y a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en 2021, para obligarlos a renunciar a sus aspiraciones.

Asimismo, Grupo REFORMA tuvo acceso en días pasados a las denuncias presentadas en contra de Rivera, donde se le acusa de haber acordado entregar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 40 millones de pesos anuales, producto del erario, donde integrantes del Gabinete participaban mediante extorsiones, cobro de piso y “levantones”.

Ante ello, el órgano morenista suspendió provisionalmente los derechos partidarios de Rivera y Toribio, como medida cautelar, mientras se desahoga el proceso, cuya expresión máxima de sanción sería la expulsión.

A partir de la notificación, los imputados tendrán cinco días para contestar a la Comisión, mientras que la audiencia para presentación de pruebas ocurrirá dentro de los 15 días hábiles posteriores; tras ello, el órgano contará con 15 días más para emitir un veredicto.

De acuerdo con Morena, los ex funcionarios habrían incumplido con sus obligaciones partidistas, violentaron la estabilidad institucional del partido y su imagen pública; además, transgredieron el principio de unidad e incurrieron en actos de corrupción y actividad delictiva.