Ciudad de México.- Por los casos de corrupción revelados en los pasados dos meses, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias penales contra más de 160 despachos de abogados, aseveró el director Octavio Romero Oropeza.

Señaló que en contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y otros actores, despojaron de su vivienda a más de 207 mil derechohabientes por medio de juicios masivos ilegales.

“ Actuaron como verdaderos delincuentes”, porque además de quitarles de manera fraudulenta sus casas, el instituto les pagó cerca de 30 mil millones de pesos por “ese trabajo sucio que hicieron”.

En entrevista con La Jornada, el funcionario puntualizó que el organismo trabaja conjuntamente con la Consejería Jurídica de la Presidencia –a cargo de Ernestina Godoy– en la elaboración muy cuidadosa de las denuncias penales para que estén blindadas.

Explicó que el instituto no puede escriturar ni recuperar esos 207 mil inmuebles –de un total de 249 mil–, ya que están en una situación irregular. “Hoy las viviendas no son de los trabajadores ni del Infonavit” y éste tendrá que destinar recursos adicionales de su presupuesto para resarcir a los derechohabientes.

En lo inmediato, destacó, a 2 millones de personas afectadas, además de congelar sus mensualidades y créditos, se les ha proporcionado beneficios adicionales, como descuentos de hasta 95 por ciento de sus saldos.

“ El daño que cometieron estos despachos no sólo fue haberse robado el dinero, porque no hicieron el trabajo que se les encargó, sino que lo hicieron mal y hoy el Infonavit todavía tiene que gastar dinero para regularizar esas casas y resarcir el daño a todos los derechohabientes a los que ilegalmente se les quitó su casa”.

Recibieron pagos millonarios

Hace dos semanas, Romero Oropeza exhibió en la conferencia matutina este tipo de fraudes. Uno de los despachos responsables, de acuerdo con el funcionario, es Desnor, que tiene un representante legal que es integrante de la comisión de vigilancia del Infonavit propuesto por la Coparmex, la cual participa en la dirección sectorial empresarial que es parte del organismo tripartita y que se ha opuesto a la reforma de la ley del instituto, que será discutida esta semana en el Senado.

Otras firmas involucradas en los esquemas de fraudes son Gabssa, Beamber, ECD, Aguilar e ILS, que recibieron pagos millonarios.

Durante la entrevista, Romero Oropeza también se refirió a los casos de corrupción que involucran a representantes de las direcciones sectoriales empresarial y de los trabajadores ante el organismo tripartita que autorizaron proyectos de vivienda inconclusos, pese a recibir pagos millonarios.

Confirmó que se han documentado más y que en próximas semanas se irán presentando a la opinión pública; no obstante, rechazó dar detalles de quiénes están involucrados para “cuidar el debido proceso”.

Cuando “decimos algo es porque ya lo podemos probar. Tenemos varios casos de corrupción que los estamos documentando, blindando bien… Hasta el día de hoy de todo lo que hemos denunciado, nadie nos ha dicho que es mentira. Todo ha sido verdad y en esos términos vamos a seguir conduciendo”.

Romero mencionó que por cada uno de los casos de fraude que ya han sido revelados se ha acompañado la respectiva denuncia penal ante la FGR.

Anticipó que éstas alcanzan a jueces, notarios, peritos valuadores, personal de registros públicos de la propiedad de algunos estados e incluso funcionarios del propio Infonavit. “Los que hayan participado en el fraude van a ir sus respectivos nombres, es contra quien resulte responsable”.

Destacó que la reforma a la Ley del Infonavit ayudará a tener una “gobernanza más transparente“, ya que los recursos podrán ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, lo que no ocurría por la oposición de los sectores patronales y obrero del organismo tripartita.

En tanto que los máximos órganos del Infonavit, la asamblea general, el consejo de administración, el comité de auditoría y el de Transparencia mantendrán “en esencia el espíritu tripartito” a fin de que dentro del organismo se tomen decisiones de manera paritaria.

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