Puebla.- El Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla determinó una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos municipales y una multa económica de 15 millones de pesos en contra del ex Alcalde Eduardo Rivera Pérez, por un presunto abuso de funciones relacionado con la fiscalización de las cuentas públicas de su administración municipal.

Los hechos objeto de la resolución judicial se originaron en el municipio de Puebla, donde las investigaciones derivadas de las revisiones de los ejercicios 2022 y 2023 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) acumularon pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración por un monto superior a los 306 millones 900 mil pesos.

En respuesta a la resolución judicial, el ex Presidente Municipal de extracción panista confirmó haber sido notificado de la medida sancionatoria y anunció que interpondrá un recurso de impugnación ante las instancias legales correspondientes para revertir la determinación.

“Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad. En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que no fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona”, argumentó tras recibir la resolución del Tribunal.

“Aunque no se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme injustamente. Es fundamental precisar que esta resolución no es definitiva. Será impugnada ante las instancias correspondientes”, anunció Rivera Pérez en un posicionamiento difundido en sus redes sociales.

El ex Edil vinculó el fallo administrativo con el arranque del periodo electoral en la entidad y calificó la resolución como una maniobra con trasfondo partidista.

“Resulta preocupante la coincidencia de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas.

“Esta acusación se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo y constituye un ataque sistemático en mi contra. Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho. Defenderé mi nombre, mi honor y mis derechos hasta las últimas consecuencias”, expuso.

El expediente de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2022 sumó nueve pliegos de observaciones por 45 millones 609 mil 595 pesos y 16 solicitudes de aclaración.

Dentro de este periodo, las autoridades auditoras señalaron inconsistencias documentales en un contrato por 20 millones de pesos adjudicado a la empresa Remedios Producciones y Asociados para el arrendamiento de arcos de bienvenida, equipo de sonido y sanitarios portátiles, al no detallar fechas ni ubicaciones de uso.

Por su parte, la revisión de la Cuenta Pública 2023 arrojó observaciones por 261 millones 290 mil 675 pesos desglosados en 15 pliegos. El rubro de mayor cuantía sumó 101 millones 739 mil 240 pesos repartidos en 67 contratos de difusión en radio, televisión, producción de contenidos para internet y servicios profesionales; entre ellos, 58 millones 506 mil pesos en la partida de difusión gubernamental y 30 millones 133 mil 240 pesos en creación de contenido digital.

Asimismo, se registraron observaciones por 28 millones 983 mil 943 pesos en subsidios, 23 millones 488 mil 510 pesos en un convenio con la Universidad Autónoma de Chapingo y 5 millones 950 mil pesos en un contrato de mantenimiento de fuentes públicas.

La sentencia del tribunal contencioso administrativo también impuso una inhabilitación de 10 años para ejercer la función pública y una multa de 10 millones 500 mil pesos en contra del ex Secretario de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento poblano, Bernardo Arrubarrena García, por su responsabilidad administrativa dentro del mismo expediente de contratación pública.