Argentina.- Siete profesionales de la salud serán juzgados a partir del martes por un tribunal en Buenos Aires acusados por el homicidio de Diego Maradona, el mito argentino del futbol que estaba bajo su cuidado cuando sufrió un paro cardíaco el 25 de noviembre de 2020.

Si bien la salud de Maradona estaba deteriorada por la adicción a las drogas, había estado a punto de morir por una sobredosis de cocaína en 2000, y el alcohol, los fiscales que investigaron el caso concluyeron que el accionar del equipo médico fue negligente y que su muerte pudo haberse evitado.

Al momento de su fallecimiento, a los 60 años, Maradona transitaba una internación domiciliaria en una casa rentada en Tigre, suburbio al norte de Buenos Aires, tras someterse a una cirugía para eliminar un coágulo de sangre en su cerebro a principios de noviembre de 2020.

Un tribunal integrado por tres jueces deberá determinar si siete de los ocho acusados, entre ellos un neurocirujano, una psiquiatra y enfermeros, son culpables o no del delito de homicidio simple por dolo eventual, el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

LOS ACUSADOS

El neurocirujano Leonardo Luque, quien ofició como médico personal de Maradona en los últimos cuatro años de vida y le practicó la cirugía por el coágulo de sangre cerebral el 3 de noviembre de 2020. El galeno avaló la internación domiciliaria del célebre paciente.

La psiquiatra Agustina Cosachov, quien prescribió la medicación que consumió Maradona hasta el momento de su deceso. En el examen toxicológico realizado después de la muerte no se detectaron rastros de alcohol ni drogas ilegales, pero sí psicofármacos para la ansiedad y la depresión.

Los otros acusados son Carlos Díaz, un psicólogo especialista en adicciones que fue convocado para tratar los problemas de alcoholismo del exjugador; Nancy Forlini, la médica coordinadora de la empresa de medicina contratada para la atención del paciente durante su internación domiciliaria.

Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería y tenía como subordinados a los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid y el médico clínico Pedro di Spagna, responsable de dar seguimiento al paciente. Madrid se someterá a juicio por jurados más adelante. Todos los acusados enfrentan el proceso en libertad.