Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma constitucional para dotar al Congreso de la facultad de legislar en materia de extorsión, uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y que, a pesar de su gravedad, carece de un marco jurídico unificado y eficaz.

El proyecto de reforma busca modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de establecer una legislación general en materia de extorsión, que permita articular esfuerzos en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Puntos clave de la legislación propuesta

Entre los aspectos más relevantes que incluiría esta legislación se encuentran:

• Una definición amplia y precisa del delito de extorsión, incluyendo todas sus modalidades.

• Coordinación efectiva entre las autoridades de todos los niveles.

• Uso de tecnología, inteligencia e informática en las investigaciones.

• Capacitación especializada para policías y ministerios públicos.

• Canales seguros de denuncia y protección integral para víctimas y testigos.

• Medidas de prevención en cárceles, para evitar que estos delitos se originen desde dentro de los centros penitenciarios.

Extorsión: delito en expansión y sin respuesta uniforme

En la exposición de motivos, el Gobierno Federal advierte que la extorsión ha evolucionado, afectando no solo a individuos, sino también a empresarios, comercios e incluso instituciones públicas.
Se subraya que no es una conducta menor, ya que se ha convertido en una herramienta de control económico y social para grupos del crimen organizado, utilizada incluso para financiar otras actividades delictivas.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2022 a enero de 2025 se han registrado más de 32 mil víctimas de extorsión en México. Tan solo en enero de este año, se reportaron 29.77 casos diarios, un incremento del 57.62% respecto a 2018.
Estados como el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran más del 60% de las denuncias por este delito.

Diferencias legales entre estados obstaculizan la justicia

Una de las principales preocupaciones de la iniciativa presidencial es la falta de armonización jurídica. Actualmente, cada estado tiene definiciones, agravantes y sanciones distintas para el delito de extorsión.
Por ejemplo:

• A nivel federal, se castiga con penas de 2 a 8 años de prisión.

• En Oaxaca, la pena va de 1 a 3 años, mientras que en Chihuahua puede alcanzar los 30 años.

• En cuanto a multas, hay rangos que van desde 36 mil pesos hasta 691 mil pesos en entidades como Coahuila.

Esta disparidad, señala el Ejecutivo, limita la efectividad de la política criminal, fomenta impunidad y dificulta la cooperación interinstitucional.

Parte de una estrategia de seguridad más amplia

La propuesta se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que catalogan la extorsión como un delito prioritario por su alto impacto social y económico.

El objetivo es establecer un marco legal uniforme, con mecanismos de colaboración y respuesta articulada que permitan prevenir, investigar, perseguir y sancionar eficazmente este delito.

Una deuda pendiente del Estado mexicano

El documento concluye que combatir la extorsión de forma articulada y con una legislación adecuada no es solo una obligación legal, sino también un deber ético del Estado mexicano.

Además, se recuerda que en 2022 el Observatorio Nacional Ciudadano emitió una alerta por la falta de herramientas legales para enfrentar las nuevas formas de extorsión, lo que refuerza la urgencia de esta reforma.

El presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que ya se recibió la propuesta, y aunque se prevé su turno a la Cámara de Diputados, su discusión será hasta el periodo ordinario de septiembre.