Ante las acusaciones de que el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y los candidatos de Morena recibieron apoyo del cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021, no sorprende que el liderazgo de Morena se preocupe ahora sí por la injerencia extranjera en los procesos electorales, particularmente por una futura injerencia de la Casa Blanca de Donald Trump.

De la nada surge esta semana una propuesta de reforma constitucional del senador Ricardo Monreal, que busca proteger los procesos electorales de la injerencia extranjera. La propuesta detalla las actividades o acciones que podrían incluso invalidar los resultados electorales: “Financiamiento ilícito, propaganda, desinformación o manipulación digital provenientes del extranjero. Intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o autoridades electorales. Presión política, económica, diplomática o mediática con el fin de alterar la voluntad popular. Vulneración del territorio nacional –por tierra, mar, aire o aguas nacionales– con fines de intimidación o afectación al orden constitucional. Apoyo, promoción o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden democrático”.

Indudablemente, es importante blindar las elecciones de la injerencia extranjera. Pero esta misma preocupación deberían haberla tenido por la injerencia de las organizaciones criminales trasnacionales en las elecciones que se llevaron a cabo en la última década. No sólo el Gobierno de EU, sino también medios de comunicación han documentado cómo elecciones presidenciales e intermedias fueron, en parte, definidas por los recursos y la violencia ejercida por grupos del crimen organizado –ahora definidos como organizaciones terroristas– a favor de precandidatos y candidatos de Morena, sus aliados y, en algunos casos, partidos de la oposición.

Si hay un actor que ha influido no sólo en las elecciones, sino también en el comportamiento mismo del Gobierno federal, han sido las organizaciones criminales. En el sexenio pasado, la estrategia de Abrazos y No Balazos permitió que se incrementara el control territorial de estas organizaciones, lo que a su vez permitió que aumentaran dramáticamente la violencia, los homicidios y las desapariciones.

No sabemos si fue la injerencia en las elecciones o la negligencia criminal del expresidente lo que llevó a la decisión de no perseguir a los cárteles. Pero sí que tuvieron una gran capacidad de influir en las políticas públicas del Gobierno pasado.

Pero ahora el enfoque será la injerencia por parte de los vecinos: “Rechazo la injerencia extranjera”. “No hay pruebas”. “No a la injerencia”. “Sin pruebas, la acusación es política”. Estas son las frases que sigue usando la presidenta Sheinbaum al acusar al Departamento de Justicia de “injerencia” por lo que representa el “indictment” –una acusación formal– en contra del Gobernador y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. En este “indictment” se detalla cómo el cártel de Sinaloa, mediante violencia y repartición de efectivo, aseguró que todos los candidatos de Morena ganaran las elecciones en el estado de Sinaloa.

A pesar de que la Presidenta quiere negar que hay pruebas e indicios de la injerencia criminal, tiene que estar preparada para la información que proporcionarán o filtrarán las autoridades estadunidenses, proveniente de las diferentes investigaciones y juicios en curso. No sólo surgirá información específica sobre funcionarios, individuos y empresas vinculados a Morena, también detalles sobre cómo Morena y sus redes negociaron y facilitaron la participación de los “narcos terroristas” para asegurar las elecciones.

Y esta realidad es lo que debería preocupar a Morena, porque esta información seguramente tendrá impacto en las elecciones intermedias de 2027, en las elecciones judiciales de 2028 y en las presidenciales de 2030. No sorprendería que el Gobierno de EU transparentara investigaciones, impusiera sanciones y retirara visas a personajes que buscarían ser electos en los siguientes años.

Especialmente catastrófico para Morena sería que esta institución política fuera declarada una organización que asiste, apoya o facilita las actividades de organizaciones terroristas.

El Gobierno de México, Morena y la 4T rehúsan a reconocer que la estrategia de Trump va más allá del tradicional desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas. La prioridad ahora es perseguir a los líderes y a todo funcionario, político, individuo y empresa que apoye o facilite el tráfico de estupefacientes hacia su país.

El Gobierno de EU buscará influir en las elecciones mexicanas. Pero su capacidad de influir en los resultados dependerá, en gran parte, de la capacidad de la clase política y de los partidos de romper el vínculo con el crimen organizado. Además de prohibir la injerencia extranjera en las elecciones, el liderazgo de Morena debería asegurar que el crimen organizado no defina los resultados ni quiénes serán los siguientes gobernantes y jueces del país.