Es ingenuo pensar que unas simples comparecencias de miembros del Gabinete de seguridad ante una comisión del Congreso resolverán los problemas de la militarización de la seguridad pública. De nada servirá tampoco la presentación de informes semestrales. Lo que sí es positivo es el otorgamiento de más recursos a policías municipales y estatales, aunque sea insensato esperar hasta 2024 para empezar.

Estas modificaciones a la iniciativa para ampliar la participación de la fuerza armada permanente en seguridad pública han convencido, sin embargo, a un número significativo de senadores de apoyarla, pero la propuesta sigue sin atacar el fondo del problema. La verdadera solución no radica en una policía federal, llámese Guardia Nacional o lo que sea, porque los delitos federales son solo una pequeña parte del total y la mayoría son contra la salud, en los que no hay realmente víctimas. El robo, la extorsión, el fraude y el homicidio, todos del fuero común, son los crímenes que realmente lastiman a la población.

La Guardia Nacional debe ser una institución civil, como lo ordena hasta hoy nuestra Constitución. Es verdad que tenemos unas Fuerzas Armadas muy institucionales, que desde 1913 no han dado un golpe de Estado, en contraste con lo sucedido en el resto de Latinoamérica, pero en parte esto se ha debido a que han tenido un papel acotado. Convertirlos ahora en policías, constructores, operadores de aduanas, administradores de aeropuertos, agentes migratorios, distribuidores de gas y muchas cosas más es jugar con fuego.

Los retrocesos en seguridad de las últimas décadas son prueba de que la simple participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía no resuelve los problemas. La solución radica en las policías estatales y municipales, no solo porque son más numerosas, sino porque tienen una mayor cercanía a las poblaciones locales. No hay que alojarlas en cuarteles, para empezar; viven en la misma comunidad.

Nos dicen que las policías estatales y municipales están condenadas a la corrupción y la ineficiencia. Falso. Un ejemplo notable lo vemos en Yucatán. El propio presidente López Obrador reconoció en la mañanera del 3 de octubre que Luis Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública de Yucatán, “ha hecho buen trabajo; bueno, no sé últimamente, pero cada vez que voy allá se habla bien”. Este sábado pasado, de hecho, un residente de Mérida, el abogado Octavio Magallón, me hablaba de Saidén, quien fue secretario de Protección, como se llamaba entonces, de Yucatán de 1995 a 2001 y ha sido secretario de Seguridad Pública del estado desde 2007: “La verdad es que el secretario ha hecho muy buen trabajo y se ha mantenido en gobiernos de todos los partidos. Ha creado una policía eficiente y honesta”.

Las cifras lo avalan. En 2021 Yucatán tuvo, según el Inegi, dos homicidios por cada 100 mil habitantes, el número más reducido del país; la vecina Quintana Roo, en cambio, llegó a 36. Otro ejemplo es Coahuila, que en 2010 registró 40 homicidios por 100 mil habitantes, pero para 2021 ya tenía solo cinco, el número más bajo después de Yucatán. Hay una abismal diferencia entre estos y los 86 de Baja California, máximo del país en 2021.

El éxito de Yucatán y Coahuila se logró no con una mayor presencia de una Guardia Nacional militarizada, sino con buenas policías estatales y municipales. La continuidad en el mando, como ha ocurrido con Saidén Ojeda, parece importante. La seguridad la defienden mejor los profesionales que los militares metidos a policías.

Apecic

Pasamos del Pacic al Apecic, pero la historia nos demuestra que la inflación no se doblega con intervenciones gubernamentales. Recordemos los fallidos controles de precios de Richard Nixon o los de Luis Echeverría en los 70. La solución es atacar los factores de fondo. Pero ni el Pacic ni el Apecic lo hacen.