Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación ahora por encubrimiento contra Arturo Serrano Meneses, ex titular de su Órgano Interno de Control (OIC), a quien se acusa de presuntamente destruir documentación oficial durante su remoción del cargo.

Esta indagatoria se suma a la imputación por cohecho que la FGR formuló el pasado jueves contra Serrano y su ex subordinado, Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex titular de la Unidad de Responsabilidades del OIC, por solicitar un soborno de 6 millones de pesos para favorecer a una empresa en la licitación del parque vehicular de la institución.

Durante la audiencia inicial, la fiscal Estefanía Arzate Banda reveló la existencia de la carpeta FED/FECOC/FEIAR-CDMX/0003602/2025, la cual detalla que el delito de encubrimiento se habría configurado el 8 de agosto pasado.

En aquella fecha, fuerzas federales irrumpieron en la sede del OIC para cesar a Serrano, momento en que un fiscal presuntamente sorprendió al ex funcionario y a sus colaboradores en plena destrucción de documentos.

Arzate Banda precisó que la modalidad por la que indagan a Serrano es la prevista en la fracción séptima del artículo 400 del Código Penal Federal, que castiga con 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 60 días multa, al que “desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo”.

EL CASO

La FGR imputó por el delito de cohecho a Serrano y a Rascón en una audiencia encabezada por Marco Antonio González Cortázar, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

Tras ocho meses de haber judicializado el caso, la Fiscalía los señaló formalmente el jueves pasado por presuntamente solicitar un soborno de 6 millones de pesos a José Antonio del Moral Galván, representante legal de Casanova Rent Volks, a cambio de favorecer a la empresa con el contrato del parque vehicular de la institución para el periodo 2026-2029.

De acuerdo con la información presentada por los fiscales Estefanía Arzate Banda y Jacob González Rodríguez, el acercamiento ocurrió el 26 de junio de 2025 en el Centro de Negocios Cracovia, en San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón.

Del Moral informó del encuentro a Humberto Cantú Hernández; al arribar al inmueble, el representante fue recibido por Rascón, quien lo condujo a una oficina donde se encontraba Serrano. El encuentro se prolongó entre las 19:20 y las 22:50 horas.

La Fiscal Arzate Banda detalló que la indagatoria cuenta con un video que registra a Rascón y Del Moral en el inmueble de Cracovia 72, así como los registros de GPS de dos vehículos oficiales de la FGR que coinciden en tiempo y lugar, uno de los cuales estaba asignado a Rascón.

En la fecha de los hechos, Casanova Rent Volks poseía el contrato vigente, mismo que vencía el 31 de julio de ese año. Sobre la capacidad de influir en la licitación, la FGR subrayó que el OIC tenía la facultad de suspender el procedimiento ante cualquier indicio de irregularidad.

“ Serrano le pidió 6 millones de pesos a Del Moral para beneficiarlo con el contrato y le advirtieron que, si no pagaba, él se encargaría de que no lo ganara”, acusó la Fiscalía.

Según las estimaciones de la FGR, Serrano podría enfrentar una pena de entre 2 años y 8 meses hasta 22 años de prisión, mientras que para Rascón la sanción oscilaría entre los 2 y 14 años.

Finalmente, tras dos cancelaciones previas, la FGR adjudicó el contrato el pasado 23 de enero. La principal beneficiaria fue Jet Van Car Rental, que obtuvo 9 de las 11 partidas por un monto de hasta 2 mil 687 millones 683 mil 204 pesos.

Por su parte, Casanova Rent Volks se adjudicó las dos partidas restantes por un máximo de 154 millones 770 mil 912 pesos.

MEDIDAS

A solicitud de los imputados, el Juez González Cortázar duplicó de 72 a 144 horas el plazo constitucional para definir la situación jurídica de Serrano y Rascón.

Como medidas cautelares, el juzgador les impuso la prohibición de salir del País y de acercarse a los testigos que declararon en su contra; asimismo, de manera inusual para esta etapa, ordenó la presentación periódica cada 15 días.

Esta última medida no suele ser fijada por los juzgadores en esta fase del procedimiento, dado que en menos de una semana se debe resolver si se vincula o no a proceso a los imputados.

El Juez argumentó que tomó esta decisión debido a que la defensa no rebatió un planteamiento de la FGR: considerar que los hechos atribuidos son actos de corrupción.

Raúl Iruegas Álvarez, abogado de Serrano, expuso que no era necesario imponer tales condiciones a su cliente, ya que durante los últimos ocho meses este ha comparecido a todos los citatorios ministeriales y judiciales requeridos.

Asimismo, señaló que para justificar un potencial riesgo de fuga, la FGR presentó un análisis de riesgos elaborado por su propio Centro Federal de Inteligencia Criminal, órgano que, según la defensa, carece de competencia para producir ese tipo de documentos.

Respecto al delito imputado por hechos de corrupción, el litigante sostuvo que la penalidad no puede utilizarse para justificar un riesgo de fuga, pues ello presupone una violación al principio de presunción de inocencia. El Juez, sin embargo, desestimó el argumento señalando que las medidas dictadas son provisionales y, por tanto, no vulneran dicho principio.