México, D.F.- A un mes de que Joaquín El Chapo Guzmán Loera se fugó del penal de máxima seguridad de El Altiplano, sólo hay tres personas procesadas por esos hechos y tres despidos de funcionarios de nivel medio, pero no hay pistas que conduzcan a la recaptura del líder del cártel de Sinaloa.

Las autoridades tampoco han podido desentrañar hasta qué nivel de funcionarios logró corromper Guzmán Loera –desde el 22 de febrero del año pasado, cuando fue detenido en Mazatlán, Sinaloa– para conseguir su evasión.

La Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha podido acreditar que tres servidores públicos presuntamente participaron en el entramado previo a la fuga, mientras cuatro de los siete funcionarios que fueron consignados inicialmente salieron libres, luego de que la dependencia federal ni siquiera pudo conseguir el auto de formal prisión.

En voz de criminólogos como Pedro Guzmán Ramos y Felipe Solís Rosales, egresados de la Universidad Nacional Autónma de México, y del perito en crimilanística de campo Martín Millán, el caso de la fuga de El Chapo ha sido el peor fracaso de las instituciones de procuración de justicia y de las autoridades encargadas de administrar y dar seguridad a las prisiones federales.

“Es un verdadero fracaso que desnuda la inoperancia y la ineficiencia de quienes están en cargos públicos de tan altísima importancia como la Comisión Nacional de Seguridad (a cargo de Monte Alejandro Rubido) o la Procuraduría General de la República (que encabeza Arely Gómez)”, indicó Solís Rosales.

Guzmán Ramos y Millán coincidieron en que las investigaciones de la PGR deben incluir al propio Rubido, porque de lo contrario muchos cabos pueden quedar sueltos.

Añadieron que una pieza clave es dar con el paradero del comprador del predio donde se planeó y orquestó la fuga por medio de un túnel que se empezó a construir tres meses después del encarcelamiento de El Chapo Guzmán en El Altiplano.

Según la declaración del ex dueño del predio, Calixto Estrada Castillo, sólo se tiene conocimiento de que el comprador es Francisco Ramírez León, quien se acercó a Estrada Castillo por medio de una persona identificada como “Juan” para adquirir el predio por 1.5 millones de pesos, aproximadamente.

Largo estudio de planos del penal

La celda 20 del área de tratamientos especiales del penal, donde era vigilado el capo las 24 horas por circuito cerrado con dos ángulos distintos, tenía dos puntos ciegos para no invadir su privacidad: en el sanitario y la regadera, mismos que fueron aprovechados para la fuga.

Los criminólogos consultados indicaron que por la estructura y construcción del túnel, los cómplices del líder del cártel de Sinaloa tuvieron que estudiar durante meses los planos de construcción de El Altiplano, pues sabían la forma en que estaba construido, además de que para el túnel se contó con la colaboración de expertos topógrafos, que utilizaron tecnología para cavar con precisión.

Otro gran fracaso es el de los agentes del Ministerio Público Federal, que no han podido estructurar consignaciones eficientes que terminen en autos de formal prisión.

De alrededor de 69 funcionarios, custodios y mandos penitenciarios que han declarado sobre la fuga de El Chapo, sólo siete fueron acusados de cometer el delito de evasión del reo; pero de ellos sólo tres de los siete imputados quedaron sujetos a juicio penal y siguen en prisión por su probable complicidad.

“¿Podemos hablar de eficiencia en el desempeño de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuando de siete consignados sólo tres pudieron quedar sujetos a proceso? Por supuesto que no, eso es un fracaso”, sostuvo Martín Millán.

Para el juez de la causa, la PGR no pudo acreditar ni siquiera de manera indiciaria que cuatro servidores públicos tuvieran relación con el hecho, por lo que fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley.

Tras la fuga, la PGR ofreció una recompensa de 60 millones de pesos a cambio de información que contribuya a su captura.