Santiago de Chile.- La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar a las distintas instituciones del Estado chileno, anunció este lunes que extenderá la investigación por las presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas en el sector público a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas.

El anuncio lo hizo la contralora, Dorothy Pérez, luego de comparecer en una comisión en el Senado chileno para dar más detalles sobre un escándalo que ha puesto en el punto de mira a 25.078 funcionarios públicos que viajaron al extranjero pese a tener una incapacidad médica entre 2023 y 2024.

“Es una problemática grave para el país, que lleva años aconteciendo”, aseguró Pérez en una rueda de prensa.

El escándalo estalló hace una semana cuando la Contraloría publicó el informe con las irregularidades tras cruzar datos de las salidas internacionales registradas por la Policía de Investigaciones (PDI) y licencias médicas otorgadas.

La noticia provocó el reproche transversal de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, que exigieron sanciones y sumarios exhaustivos.

La mayoría de los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la llegada de la primavera y el verano austral.

Entre las instituciones con mayores irregularidades están la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719).

La controlara explicó este lunes durante su comparecencia parlamentaria que hay funcionarios, que estando de licencia, cursaron incluso estudios en el extranjero o realizaron largos viajes de turismo por Europa.

Pérez también dijo que tienen evidencias de que hay funcionarios con licencia médica que hacen viajes dentro de Chile y que desde el órgano fiscalizador están “buscando mecanismos para poder detectar los viajes efectuados a nivel nacional”.

“También (estamos) analizando la situación de dobles empleadores, porque hay funcionarios públicos que llevan más de un año con licencia médica y que se encuentran en realidad trabajando para otro empleador privado“, indicó Pérez.

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación contra los más de 25.00 funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia por un eventual delito de fraude al fisco y contra los médicos por la eventual emisión de permisos médicos falsos.

El presidente, Gabriel Boric, que se refirió este lunes por primera vez al escándalo, dijo en un punto de prensa que muchos de los funcionarios que hicieron mal uso de las licencias “debieran ser destituidos, porque no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre”.

“La postura del Gobierno -y la mía personal- es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”, añadió Boric.

Entre los funcionarios señalados en el escándalo, hay figuras públicas como el alcalde del barrio capitalino de Macul, el ultraderechista Eduardo Espinoza, o el comunista Marco Barraza, que renunció este lunes a su cargo de asesor en el Ministerio de Trabajo .

También dimitió este lunes el vicepresidente del Colegio Médico (Colmed), Iván Mendoza, y Raúl Domínguez, amigo de la infancia del presidente Boric y quien tenía un alto cargo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.