Ciudad de México.- La adjudicación de un contrato de vigilancia por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a la empresa Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V. ha desatado una ola de revisiones por parte de los órganos de fiscalización federales.

La compañía cuenta con un amplio historial de sanciones administrativas y penalizaciones previas dentro del registro de proveedores gubernamentales, una condición que, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, restringe de manera regular la asignación de recursos institucionales a corporaciones que mantengan inhabilitaciones o irregularidades vigentes en sus hojas de servicio.

El expediente de la firma documental detalla que sus operaciones se expandieron notablemente durante las gestiones de Javier Tapia en dependencias como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

En dicho periodo, la empresa consolidó un esquema de proveeduría recurrente a pesar de las constantes observaciones de las autoridades fiscalizadoras.

El caso cobra mayor relevancia debido a que dicho exfuncionario enfrenta actualmente procesos penales federales por presunto uso ilícito de atribuciones y desvíos financieros, lo que ha puesto bajo sospecha todos los contratos vinculados a su red de gestión operativa.

Ante esta situación, las autoridades encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector educativo mantienen bajo resguardo los expedientes del proceso de licitación actual. La evaluación técnica y jurídica del comportamiento contractual de PRYSE permanece sujeta a auditorías posteriores.

El objetivo central de estas indagatorias es verificar si existieron omisiones deliberadas en la presentación de la documentación requerida por parte de la empresa, o si los mecanismos internos de control del IPN fallaron al validar el padrón de proveedores, permitiendo el ingreso de una corporación que no cumple a cabalidad con los estándares legales y técnicos necesarios para salvaguardar el patrimonio de la casa de estudios.