Saltillo, Coah.- La Casa del Migrante de Saltillo formalizó sus denuncias contra el Alcalde de Saltillo ante distintas instancias por discriminar a la población migrante, además, exhibió un video grabado por una saltillense en el que se observa que la Policía agrede a dos migrantes.

Ante esto, defensores de derechos humanos llamaron a evidenciar este tipo de negligencias, ya que grabar a un servidor público que excede sus funciones es un derecho.

En rueda de prensa, el padre Pedro Pantoja y el equipo de defensores de derechos humanos de la Casa del Migrante, exhortaron a que las autoridades detengan los actos de discriminación que iniciaron hace algunas semanas, como Zócalo Saltillo lo documentó.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante, externó que con sus declaraciones el Alcalde provoca que la población saltillense tenga pensamientos xenófobos, tal como se ha demostrado en redes sociales y en donde también se ha denunciado persecución de migrantes en el ejido Carneros.

A su vez, los defensores presentaron un video del lunes 23 de marzo, donde una ciudadana graba el momento en que dos migrantes son detenidos de manera violenta en la unidad deportiva La Maquinita.

“Ellos estaban pidiendo dinero, no los tocan, los rodean, esperan a que corran y una vez que corren los someten con violencia. Grabar es un derecho, hacemos invitación pública a la comunidad a que sigan grabando cualquier abuso”, exhortó.

‘Ley no criminaliza a nadie’

El subsecretario del Ayuntamiento, José Guadalupe Martínez Valero, aseveró que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede determinar si un reglamento es inconstitucional, al referirse al Artículo 25 del Reglamento de Mercados en el que se prohíbe a particulares pedir dinero, el cual es considerado inconstitucional por parte de la Casa del Migrante pues se criminaliza la pobreza.

“Finalmente a quien le corresponde por ministerio de ley determinar que un reglamento en su totalidad es inconstitucional es exclusivamente a la Suprema Corte, y no de manera oficiosa, sino que tiene que haber una controversia establecida por sus partes; si ellos (Casa del Migrante) quieren presentar una controversia, tendríamos que darle puntual contestación”, dijo.

Sentenció que un particular no puede hacer colectas en la calle, ya que esto representa una falta administrativa.

“Criminalizar sería fincar un delito, en cambio, una simple falta administrativa va desde una amonestación hasta una detención y multa”.