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Isla de impunidad

Por Gerardo Hernández

Hace 2 años

La consulta popular de este domingo es un ejercicio imprescindible de memoria histórica en un país donde los presidentes, gobernadores y las élites políticas son intocables. ¿Cuántos pillos de ese elenco, obscenamente enriquecidos, están hoy entre rejas? Apenas un puñado, mientras las prisiones rebosan de víctimas de un sistema injusto y venal, muchas de ellas inocentes. La mayoría de los países de América Latina, desde Guatemala hasta la Patagonia, han defenestrado y encarcelado a jefes de Estado y de Gobierno, a magistrados y a empresarios inmorales. En Estados Unidos, Richard Nixon renunció a la Presidencia para no ser sometido a un proceso de destitución por el caso Watergate, de allanamiento y espionaje. México es, en el continente, una isla de impunidad.

Los ciudadanos están en libertad de participar o no en la primera consulta constitucional. Para ser vinculante necesita acudir el 40% de la lista nominal de electores, alrededor de 37 millones. La cifra es difícil de lograr por varias razones: 1) en los comicios del 6 de junio pasado sufragó el 52.6% (48.8 millones); 2) si el referéndum para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto (la pregunta no lo dice así, pero la intención es esa) lo apoyarán quienes votaron por Morena, el PT y el Verde para elegir diputados, reunirían 20.8 millones de papeletas por el “Sí”; 3) la falta de información sobre la ubicación de las mesas receptoras; y 4) la campaña para desalentar la participación con el argumento de no hacerle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él mismo está en la picota.

El PRI y el PAN jamás apoyarán la consulta, pues involucra a tres expresidentes del primero (Salinas, Zedillo y Peña) y a dos del segundo (Fox y Calderón). El único salvable es Ernesto Zedillo, a pesar del rescate bancario (Fobaproa, conocido como “el fraude del siglo”), herencia de Salinas, y las masacres en Aguas Blancas (1995) y Acteal (1997). Zedillo es el expresidente mejor calificado por haber plantado cara al clan Salinas: encarceló a Raúl por enriquecimiento ilícito y el asesinato del exlíder priista José Francisco Ruiz Massieu, y forzó el exilio de Carlos; cumplió con la “sana distancia” entre su Gobierno y el PRI; desapareció a una Corte viciada; y propició la alternancia en el poder con las reformas políticas de 1994 y 1996, las cuales dieron autonomía al Instituto Federal Electoral (hoy INE).

Al margen del resultado de la consulta, su realización importa. Es el primer paso, de muchos, necesarios para castigar a los responsables de decisiones ruinosas y abusos de poder, como en Coahuila son la deuda por 40 millones de pesos, las masacres en Allende y Piedras Negras y las miles de desapariciones forzadas, legado del “moreirato” y de quienes se niegan a castigar el atraco y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La “dictadura perfecta” condenó a México a tener hoy una democracia balbuciente. El referéndum es un instrumento de la democracia directa, con efectos vinculantes, común en países avanzados. Es una forma de darle poder a los ciudadanos para apoyar o impugnar leyes y decisiones gubernamentales y exigir, como en la consulta de este domingo, justicia frente a las complicidades políticas. Cada uno es libre de participar, pero no hacerlo equivale a anular la memoria, olvidar el daño causado al país y a varias generaciones por presidentes venales. Bajo la misma figura, el presidente López Obrador también puede ser enjuiciable. Este domingo cruzaré la boleta por el “Sí”. La pregunta puede confundir, pero la intención es obvia.

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