Veracruz— El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, promovió un amparo con la intención de conocer si existe alguna nueva orden de aprehensión en su contra.

La demanda fue radicada en el juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal que preside Rubén Daría Noguera Gregoire. Sin embargo, el juzgador declinó continuar conociendo el asunto, porque señaló que corresponde a otro juez de la capital estudiar su petición.

En el acuerdo publicado, se menciona que el quejoso solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, por lo que se requirió a diversos juzgados de Distrito de la Ciudad de México para emitir informes.

¿De qué se acusa a Duarte?

En febrero de este año, el exmandatario estatal fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado de cinco millones de pesos, ilícito que, según la Fiscalía General de la República (FGR), lo cometió cuando gobernaba.

Ante Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el exfuncionario acusó que existía una instrucción política para que no saliera de la cárcel, ya que estaba a dos meses de cumplir su sentencia de nueve años de prisión.

“La instrucción es que Javier Duarte no salga”, dijo, al asegurar que la orden dada a los funcionarios de la FGR fue: “‘Póngale, fabríquenle, háganle, pero no puede salir ese señor de la cárcel. Apurémonos a ponerle una medida cautelar para que no salga’”.

Asimismo, en noviembre de 2025, Ángela Zamorano Herrera, jueza federal de Ejecución de Sanciones, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, rechazó otorgar el beneficio de libertad anticipada al exgobernador por no cumplir con dos de los siete requisitos que ordena la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La juzgadora comentó que la defensa del exgobernador no acreditó que durante los ocho años siete meses que llevaba en prisión haya cumplido a cabalidad con el plan de actividades, el cual comprende actividades laborales, culturales, educativas y de capacitación para facilitar su reinserción social.

Asimismo, indicó que la defensa solo aportó, a través de sus testigos, un informe de los últimos seis meses.