Trascendió el pasado martes un principio de acuerdo entre Jorge Torres López (exgobernador de Coahuila en 2011) y la Corte para el Distrito Sur de Texas, a fin de declararse culpable por alguno de los cuatro delitos que esta le acusa desde 2013. Se trata de fraude bancario, postal, electrónico y lavado de dinero, como se ha publicado con anterioridad en este mismo espacio (Zócalo, 31/10/19).

El próximo 17 de junio, durante su audiencia judicial por videoconferencia en Corpus Christi, se podrá saber cuál opción eligió el exmandatario (de conformidad con sus intereses y cálculos políticos, naturalmente) y si su decisión es aprobada por la jueza Nelva Gonzáles Ramos, o de lo contrario inicia un juicio penal.

Justo es decir que los actos delictivos que le señalan en Estados Unidos están concatenados entre sí; no puede ocurrir ni consumarse uno sin el otro. Son continuados. De tal forma le harían un gran favor si lo condenan por solo uno de ellos, particularmente cuando subyace la intención de inmolarse, asumir por completo la culpabilidad aun y cuando la responsabilidad haya sido hipotéticamente compartida. No delatarás a tu prójimo, como mandamiento de vida.

Sin embargo, es necesario referirse a los hechos en particular. Si bien cada coahuilense puede llegar a conocer diferentes hechos de corrupción achacables al exfuncionario estatal o a otros, el caso es concreto: la cadena inicia en 2007, cuando Jorge Torres era secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira como Gobernador.

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.

Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, este le fue confiscado. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Según el peritaje de la Corte los recursos salieron del erario estatal. Eso representa que desvió, al tipo de cambio promedio en ese tiempo, 30 millones de pesos de las cuentas públicas hacia sus cuentas personales. Cabe señalar que sucedió cuando todavía no era Gobernador, y en este punto surge por consecuencia una pregunta: ¿y su superior jerárquico? Por superior jerárquico me refiero, lógicamente, a Humberto Moreira.

Y aquí viene lo interesante, pues en México las cosas son muy distintas aún con la cuarta transformación (4T) en el poder.

Para nadie es un secreto que el brazo armado más efectivo del Gobierno federal es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que apunta hacia donde verdaderamente hace daño: al bolsillo. No duele lo mismo que una mala imagen ante la opinión pública (que a fin de cuentas es relativa y a cualquier cínico le tiene sin cuidado) ni que un castigo físico punitivo (que puede ser tolerable a cambio de beneficios como no perder lo robado y/o defraudado).

El congelamiento de cuentas bancarias, en cambio, ataca la médula del desvío de recursos públicos como fenómeno. Se dirige al centro del problema. Y perjudica en la esfera individual.

Dicho lo anterior, usted debe saber que existe un expediente de la UIF identificado con el folio 110/H/142/2012 y denominado Intelligence Fince Case (caso de inteligencia financiera), el cual contiene información relacionada con las finanzas personales de Humberto Moreira.

Pero a través del oficio UIF-157/2020, firmado el 7 de abril de 2020 por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, este clasificó por cinco años como reservada la referida información, luego de ser solicitada por quien esto escribe. Eso significa que no podrá ser divulgada hasta el 7 de abril de 2025, aunque dicho plazo podrá prorrogarse cinco años más “atendiendo a las circunstancias del caso”.

Mediante un texto fundado y motivado con diligencia por el propio Santiago Nieto, quien cita incluso tesis jurisprudenciales para justificar su proceder, este confirma que “el documento solicitado por el particular fue proporcionado por esta Unidad a la entonces Procuraduría General de la República para la integración de una averiguación previa que actualmente se encuentra en trámite”.

No obstante “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, debido a que el documento no resulta de interés público y con su difusión se verían menoscabadas las facultades de persecución de los delitos que realiza el Ministerio Público de la Federación”.

Ojo con las implicaciones que tiene la afirmación de la UIF: conocer un expediente financiero del exgobernador en cuya Administración se contrató deuda por 34 mil millones de pesos, “no resulta de interés público”. En cambio “la víctima u ofendido y su asesor jurídico (o sea Moreira y su abogado), podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento”.

Un detalle inquietante.

Aunado a ello, el funcionario federal categorizó como “confidencial” la información al afirmar que “dar a conocer datos personales de personas identificadas o identificables a cualquier persona podría afectar su honor ya que los particulares podrían presuponer la responsabilidad de dichas personas respecto de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de delitos”.

Cortita y al pie
Ahora bien, cualquier sentencia o dictamen puede ser revestida con bases y adornos legales para explicar una posición a favor o en contra de algo por igual. Eso es ser juez. O magistrado. O ministro. Incluso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Básicamente tener a su alcance la doctrina necesaria para recubrir una decisión personal y que sea esta legalmente válida.

La última y nos vamos

La UIF tiene información importante en su poder. Y la hoy Fiscalía General de la República otra carpeta “en trámite” desde hace ocho años, en 2012. Y luego, ¿a qué esperan?