Es un asunto escandaloso por donde se vea: un exgobernador de Coahuila, el primero en la historia contemporánea de la entidad en admitir su culpabilidad por un delito grave, como es el lavado de dinero, y ser enjuiciado por ello fuera del país. No digo sentenciado ya que esto ocurrirá hasta el próximo 10 de septiembre y según la Corte para el Distrito Sur de Texas, podría alcanzar hasta 20 años de prisión.

Un dato importante, considerando que el también exalcalde de Saltillo y eslabón entre los hermanos Moreira, Juan Jorge Torres López, tiene 66 años.

El domingo se publicó en este mismo espacio un preámbulo a lo que ocurrió ayer: el exmandatario aceptó su culpabilidad por uno de los cuatro delitos que le imputaba la Fiscalía de Estados Unidos: lavado de dinero. Admitió haber realizado transacciones financieras allá para ocultar los sobornos que recibió acá, a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila. Lo anterior de acuerdo al boletín del Departamento de Justicia de EU, a través de la Fiscalía en el Distrito Sur de Texas.

El asunto es trascendental para el Estado, aunque supone dos vías: las implicaciones legales allá, y las implicaciones políticas acá. Consecuentemente, y dependiendo de ambas, las implicaciones en la opinión pública.

Pero hay que delimitar los hechos que le señalan.

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas del Estado– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas (al tipo de cambio promedio en ese tiempo, 30 millones de pesos). Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 194 países. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Y nada más. Es decir, el periodo cuestionado queda muy atrás en el tiempo de sucesos históricos para la entidad como el endeudamiento irresponsable de 2010, o las atrocidades cometidas durante sus escasos 11 meses de gestión en 2011 y bajo su responsabilidad como Mandatario interino: la masacre de Allende que duró cinco días: del 18 al 22 de marzo, y la primera renegociación de la deuda pública, donde se legalizaron créditos obtenidos con documentación falsa y que nunca entraron a ejercicio fiscal, consumada el 18 de agosto.

No se haga ilusiones: lo anterior ni siquiera será materia de juicio en la Corte. No forma parte de la litis, pues.

Si bien fiscales adjuntos están procesando el caso, la jueza texana responsable, Nelva González Ramos, quien ha declarado culpable anteriormente a otros exfuncionarios mexicanos (de Tabasco y Tamaulipas) por delitos similares a los que se imputan a Torres López, será quien determine su situación.

El exgobernador había logrado permanecer prófugo durante cinco años, tres meses y siete días, hasta ser encarcelado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Fue detenido el 5 de febrero de 2019, en Jalisco, y extraditado el 29 de octubre de 2019: exactamente seis años después de ser requerido por la Corte para el Distrito Sur de Texas, el 29 de octubre de 2013, por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero.

Ahora bien, si usted se pregunta cómo se comportará, la respuesta radica en saber qué pasó entre febrero 6 y octubre 28 de 2019. Es decir, un día después de su detención, en Puerto Vallarta, y un día previo a su extradición, desde Toluca. En esos 264 días está la clave y, eventualmente, el futuro político de Coahuila. Quién lo visitó, qué recados recibió, cómo se sintió –hipertenso e infartado– en la intimidad y soledad de su celda dentro del Reclusorio Sur. Hizo algún trato, acaso prometió, o acordó algo. De ser así, con quién o quiénes. ¿Midió las nuevas condiciones del terreno político? ¿Sopesó la correlación de poderes?

En resumen: de qué lado está. Y lo más importante: de qué lado no está.

Adyacente al tema, queda saber si este impactará en la opinión pública de Coahuila, convertida esta en participación electoral durante el proceso en curso, hoy suspendido.

La realidad es que no. No por sí misma, por lo menos.

Por lo demás, presidir durante 11 meses el Ejecutivo del Estado –su último trabajo, en 2011– debió ser harto redituable para Torres López ya que pagar un pool de abogados (Thomas J. McHugh, Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, los tres de San Antonio y exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares) que cobra en dólares no está al alcance de cualquiera.

Cortita y al pie

Se ha especulado sobre la posibilidad que Jorge Torres podría llegar a ser testigo protegido en Texas, lo cual implica un compromiso de rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento a fin de condenar a personajes más importantes. Ello presume, de antemano, que hay más hebra en la madeja. Que sus delitos no son actuaciones aisladas e independientes. Y asume, interpretando en sentido contrario, que la delincuencia es organizada.

Jorge Torres sería entonces un medio para conseguir un fin, y no un fin en sí mismo. Una pieza menor.

La última y nos vamos

Por lo demás, Torres López no es un eslabón que se pueda quitar sin consecuencias. Por el contrario: sin él se rompe la cadena completa y ya no funciona como tal. Es la bisagra principal. Pero si una palabra caracteriza su meteórica carrera política, esa es lealtad. Ocupar en todo momento la posición más peligrosa. Sentarse siempre sobre un barril de pólvora.

Por ello subyace la intención de inmolarse, asumir por completo la culpabilidad aun cuando la responsabilidad haya sido hipotéticamente compartida. No delatarás a tu prójimo, como mandamiento de vida. Inmolarse cristianamente por una causa superior. Ser el sacrificado.