En casi todos los países del mundo, los gobiernos tratan de formular políticas de carácter social que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de las familias; el monto de los subsidios y la diversidad y calidad de los programas sociales que se puedan implementar han estado sujetos a varias restricciones, como por ejemplo la capacidad económica de las instituciones financieras públicas, los tipos de problemas económicos que enfrenten y la idiosincrasia de sus habitantes, esos han sido los factores claves para orientar la “ayuda” social en cada país.

Desde un punto de vista coloquial, es una forma de “devolver” a la población los ingresos que aporta vía impuestos, es decir, el Gobierno, como un gran “árbitro”, busca reducir las asimetrías en los ingresos de las personas mediante una redistribución más equilibrada de los tributos, además de justificar su razón de ser, para no caer en la anarquía. En Finlandia se han propuesto disminuir a los personas que viven en las calles, sin un techo en donde habitar, ofreciéndoles opciones para salir de esa situación de vulnerabilidad. En otras economías, optan por apoyar a las familias que tienen algún hijo discapacitado.

En México, la Administración federal actual ha diseñado varias estrategias para paliar la pobreza, que agobia a millones de mexicanos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, se creó a principios de 2019 y tiene como propósito capacitar a los jóvenes a través de becas que les permiten ingresar a algún centro de trabajo, que ellos mismos pueden seleccionar. Desde luego, este programa tiene varios requisitos que se deben cumplir para que el aspirante sea elegible.

A grosso modo, la estructura del programa es la siguiente: se pueden beneficiar aquellos muchachos cuya edad oscile entre los 18 y 29 años; la escolaridad que requieren es muy diversa porque va desde jóvenes que han cursado solamente la primaria hasta los que han logrado algún postgrado. Otra condición es que no estén trabajando ni estudiando y tengan la intención de reorientar sus vidas mediante la incorporación al mercado laboral.

En las estadísticas que muestra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), predomina la población que tiene 18 años, y los de 29 años son el grupo más reducido por razones obvias. Los empleadores pueden ser organizaciones civiles, empresas, personas físicas y oficinas públicas, sin importar que la instancia sea federal, estatal o municipal. No se pueden emplear en actividades de ventas multinivel, ni trabajo doméstico, vigilancia o proselitismo religioso o político.

De acuerdo con esa misma dependencia (STPS), la cifra más reciente que ha publicado es que el programa tiene registrados alrededor de 360 mil becarios. El incentivo económico es ofrecerles una beca mensual durante un año, de 4 mil 310 pesos, más seguro médico. Al concluir la capacitación, el joven tiene la posibilidad de que sea contratado por el establecimiento en donde realizó su capacitación. En caso contrario, la STPS le facilita opciones de trabajo y trámites para su contratación en otro negocio. El contratante no puede adicionar su plantilla laboral con un becario, lo hará solo si existe una vacante.

Aunque la trayectoria del programa aún es muy corta (2021), y no permite realizar una evaluación apolítica y racional, lo único oficial que se tiene es la ceremonia de graduación que se tuvo por las autoridades federales competentes cuando el programa cumplía un año (2020); allí solo se señaló, relevante para el que escribe, que en un año se habían capacitado un millón de becarios, pero no se dijo nada al respecto de su incorporación al mercado productivo nacional. Aunque también cabe decir que es totalmente injusto juzgar al programa por el incremento de la pobreza en el país y el aumento de la delincuencia juvenil en el territorio nacional, simplemente porque su cobertura es poco significativa, frente al resto de la juventud en México.