Saltillo, Coah.- A la decepción de que tu pareja te abandone en el embarazo, te violente y te amenace de muerte, se suma la terrible impotencia de que las autoridades, en lugar de ayudarte, se vuelvan contra ti.

Ese es el drama que vive Hatzy, madre de una pequeña de 1 año 3 meses diagnosticada con hemiparesia, una discapacidad que requiere terapias costosas; ella entabló un juicio de reconocimiento de paternidad sin pensar que el aparato judicial se pondría en su contra.

Y es que, Juan “N” fue subcomandante del 69 Batallón de Infantería, fue agregado militar de México en el extranjero y actualmente es coronel, por lo que Hatzy cree que tiene las influencias necesarias para evadir su responsabilidad.

El Juez Daniel Abraham González Esquivel del Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar en Saltillo, no sólo desestimó que el perito que tomó las pruebas de ADN, de nombre Édgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, es familiar de la abogada de Juan “N”, sino que además, multó a Hatzy por faltas de probidad y ordenó una anotación en su registro profesional, ya que ella también es abogada.

“ Sí he visto parcialidad del juez en mi contra, no sé bien si es porque yo salí a denunciar públicamente los actos que había hecho con anterioridad, pero ha seguido la violencia institucional en mi contra”, asegura, “yo siento un amedrentamiento en mi contra y me parece muy delicado porque aquí se están dilucidando derechos de menores, de una niña en concreto, y debo decir que está diagnosticada con una condición de discapacidad”.

Hatzy puso una queja administrativa ante la Secretaría del Consejo de la Judicatura de Coahuila y espera que se aplique una sanción al Juez, de lo contrario, irá a la Comisión de Derechos Humanos.

Y es que, dice que han sucedido cosas extrañas desde que Juan “N” acudió al Juzgado, como el hecho de que le acomoden las audiencias a su tiempo, no se sigan los procedimientos y hasta que el juez González Esquivel, haya desplegado una investigación exhaustiva para saber si Hatzy decía la verdad cuando no asistió a una audiencia por enfermedad.

“ Si actualmente, que tenemos tantos protocolos, tantas leyes a favor de las mujeres, pareciera que no existe toda esa protección; si en la práctica esto no funciona, si para una mujer reclamar algo tan básico como un derecho de subsistencia de su hijo o hija, se torne tan difícil, pareciera como que se recrimina más a la mamá que decide hacer valer un derecho”, expresa.

“ A mí sí me interesa que se sancionen este tipo de conductas, porque como ciudadana y como madre estoy interesada en que las autoridades jurisdiccionales hagan su trabajo, yo lo único que pido es que mi juicio se siga con piso parejo y con las reglas del juego como dice la ley”.

Han pasado casi dos años de que Hatzy pidió un reconocimiento de paternidad, y aunque su hija recibe una pensión provisional, teme que se la quiten, por eso, desesperada y asustada, exige a las autoridades imparcialidad.

“ Pareciera que el estado es el primer deudor alimentario, en cuanto a que no se hace lo necesario y no se establecen los mecanismos correctos para que precisamente se respeten los derechos de las infancias; con un juez que amedrenta, que pareciera que hace las cosas para obstaculizar los derechos de una niña, qué podemos esperar”, dice entre lágrimas.

“ Yo he sido objeto de mucha violencia por parte del progenitor de mi hija, y fue en escalada, al punto de que me amenaza de muerte con llamadas realizadas desde la embajada”.