Madrid, España.- Un juez pidió el miércoles al gobierno que entregue un documento ultrasecreto del 2002 en el que supuestamente Estados Unidos solicitaba autorización para que los vuelos de la CIA que transportaban a terroristas islamistas hiciesen escala en aeropuertos españoles.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó al Ministerio de Exteriores que facilite a su juzgado una copia certificada del documento.

Además, Moreno señaló que una vez reciba estos papeles llamará a declarar al ex asesor ministerial que firmó y envió el documento al entonces canciller español, Josep Piqué. El alto cargo se llama Miguel Aguirre de Cárcer y en 2002 estaba al cargo de las relaciones con América del Norte.

El documento que quiere investigar el juez fue publicado por el diario El País el pasado 30 de noviembre.

Según el rotativo, Aguirre de Cárcer escribió el 10 de enero de 2002 un informe dirigido a el ministro Piqué en el que explicaba que un consejero de la embajada de Estados Unidos en Madrid le comentó en una reunión urgente que el gobierno norteamericano iba a comenzar a trasladar presos del Talibán y al-Qaida desde Afganistán a la baste de Guantánamo, en Cuba.

En dicha entrevista, el consejero diplomático quería saber si estos vuelos podrían repostar en España si fuese necesario.

Aguirre de Cárcer sugirió que sería mejor usar bases e instalaciones militares al sur del país para estas paradas técnicas en lugar de aeropuertos civiles. El diario El País precisó además que el informe enviado al ministro fue catalagado como “muy secreto”.

En 2002, el presidente del gobierno español era el conservador José María Aznar. En 2004, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones y asumió la presidencia del país.

En 2005, la prensa dio a conocer que varios supuestos vuelos de la CIA hicieron escala en suelo español mientras trasladaban presos islamistas a Guantánamo, provocando un gran revuelo en la opinión pública.

El actual canciller Miguel Angel Moratinos explicó en el Parlamento que el gobierno no tenía conocimiento de que vuelos con bandera de Estados Unidos hubieran incumplido la legislación española.

La declaración fue interpretada como que los vuelos de la CIA que aterrizaron en España no viajaban con prisioneros a bordo.

No obstante, el juez Moreno sigue investigando si hubo o no personas en aquellos viajes de la CIA y si es posible procesar a alguien, tanto del anterior gobierno de Aznar como del actual.

En 2006, el Consejo de Europa, que promueve la defensa de los derechos humanos en el continente, hizo público un informe en el que mencionó a España como uno de los 14 países europeos que supuestamente colaboró con la CIA para transportar terroristas en estos vuelos secretos.