Esto luego de que dos ex trabajadoras del artista se querellaron contra el artista por supuesto abuso sexual y cuya denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fue archivada por faltas de competencia, ya que los hechos se habrían producido en República Dominicana y las Bahamas.
El escrito de los abogados de Iglesias, según desveló la prensa local, acusa a la líder del partido Sumar (socio del gobierno de coalición) de manifestaciones “injuriosas” contra su cliente Julio Iglesias de la Cueva, que es como se llama el cantante, al señalarle directamente como “abusador sexual” y acusarle de tener empleadas en régimen de “esclavitud” con una “estructura de poder basada en la agresión permanente”.
Yolanda Díaz compartió el pasado 13 de enero una noticia sobre las acusaciones. “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, añadía junto al enlace en la red social.
En la demanda de conciliación, el paso previo necesario para interponer una querella por calumnias o injurias, el cantante exige también que lo “indemnice con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó hace un mes las denuncias contra Julio Iglesias por faltas de competencias al entender que “España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”.
Los hechos denunciados se produjeron presuntamente en 2021 en República Dominicana y Bahamas. El escrito de siete páginas también ponía de relieve que “especialmente” cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también son extranjeros o no se encuentran en el país; o cuando, siendo españoles, tampoco están en territorio nacional; o cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron.
Sin entrar, por tanto, en ningún momento a valorar si los hechos denunciados se habían producido o no, la Fiscalía señaló que “no existe constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”.
Tras conocerse el archivo de las denuncias, Iglesias aseguró que le habían “jodido la reputación” con un daño “irreparable”, dijo al portal OkDiario.
Mientras que las denunciantes afirmaron que “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”, según Women’s Links, sin dar a conocer sus próximos pasos.
