El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en su toma de posesión acabar «con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México». Enrique Peña Nieto lo escuchaba azorado. El mexiquense había vencido al tabasqueño seis años atrás con el poder del dinero y el patrocinio del gran capital. Su campaña costó más de 5 mil millones de pesos. El límite legal era de 350 millones. Los beneficiarios fueron los gobernadores y los oligarcas. «No se trata -advirtió el líder de la 4T- de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis en México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada».

López Obrador dijo sin tapujos: «La deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo (…) es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. (…) No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del Gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo Gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad».

Para tranquilidad momentánea de Peña Nieto y sus secuaces, el líder de izquierdas matizó: «al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación. (…) si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto en el sector público como en el sector privado. (Entonces) no habría juzgados ni cárceles suficientes; y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. (…) creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir».

En el «terreno de la justicia», la 4T empezó por castigar la «corrupción inmunda» de figuras emblemáticas: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Alonso Ancira («el rey del acero») y Juan Collado. La ruta del dinero converge en la mayoría de los casos en el de «mero arriba», Peña Nieto. Difícilmente AMLO logrará erradicar la corrupción y la impunidad como lo ofreció el 1 de diciembre de 2018 ante el Congreso de la Unión ya con la banda tricolor cruzada al pecho. Tampoco ha podido abatir la pobreza ni la violencia. La venalidad es una hidra, un mal cuyo origen se remonta al nacimiento del sistema político y aun lo precede.

Sin embargo, ningún otro Gobierno se había empeñado tanto en atacar el fenómeno y sus causas. Carlos Salinas y Peña Nieto dieron golpes de efecto al inicio de sus sexenios contra Joaquín Hernández Galicia y Elba Esther Gordillo. Después se dedicaron al saqueo. Legiones de pillos sueltos disfrutan de rentas ilícitas obtenidas mediante el robo a las haciendas públicas, el endeudamiento criminal, como el de Coahuila, y los pactos con la delincuencia organizada. El enjuiciamiento de Peña por enriquecimiento moralmente inexplicable acreditaría al Gobierno de López Obrador. Con ese solo acto la 4T pasaría a la historia. Es justicia juarista a secas, no venganza.