Han pasado décadas desde que José Revueltas escribiera en Lecumberri, la lúgubre frase que refleja la realidad del derecho penal mexicano: “En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”; y con ello destapó un secreto a voces, que solo los pobres están en la cárcel cumpliendo penas, porque los ricos tienen dinero que usan para no pasar sus días en la prisión.

Qué escenario tan rudimentario reflejo de la decadencia social en la que nos encontramos los mexicanos, que irónica la sátira de la famosa Ley de Herodes, sobre todo en los tiempos del humanismo que viven los países del primero mundo, tiempos con los que solo podemos soñar los ciudadanos de a pie, solo instituciones perfectas, que no se aplican, solo la aparecía del buen derecho, torcido por los operadores del proceso de investigación de los delitos.

Ya he referido antes que las detenciones realizadas últimamente semejan a la cacería de brujas en tiempos de la inquisición, el esclarecimiento de los hechos considerados como delitos y la impartición de la justicia son tan complejos, que varían del tiempo, espacio y la sociedad de que se trate; motivos por lo que no podemos desestimar el principio de la presunción de inocencia.

Este principio no solo busca que ningún inocente este cumpliendo una pena injustamente, sino que asegura la prevalencia del Estado de derecho y la supervivencia de la sociedad en la que se garantiza el mismo, sin embargo a los encargados de investigar los hechos presuntamente delictivos se les olvida, o mejor dicho no tienen la menor idea ni respeto por las instituciones jurídicas que juraron hacer cumplir. 

Coahuila vive hoy un desprecio por las instituciones jurídicas, o como dijera el famoso dicho, se las pasan por el Arco del Triunfo y no precisamente el de París, pues, supuestamente las distintas corporaciones policiacas siguen líneas de investigación que los llevan a una serie de células fantasma, a castillos de humo con los que pretenden justificar su trabajo y su existencia como corporación, sin considerar el daño que le hacen a la ciudadanía.

Por ejemplo, resulta que investigan delitos que tienen que ver con el tráfico de droga y sus derivados, pero para sorpresa de todos, hacen investigaciones en base a inteligencia aplicada, hasta aquí todo bien, pero cuando revisas esas “investigaciones” resulta que son puros chismes arrancados por tortura a las desafortunadas personas que tienen apariencia de delincuentes, ¿Cómo es esto?, sí, detienen a personas solo por su aspecto, si tienen muchos tatuajes, si se visten o caminan con apariencia de delincuente, entonces los consignan con un Ministerio Público y los imputan de algún delito que no cometieron.

La primera parte de la ecuación, cuando el estado de Coahuila destina recurso para que estas corporaciones cuiden y garanticen la seguridad pública de nosotros los ciudadanos está correcta, que estas corporaciones policiacas investiguen al crimen organizado, a los delincuentes e infractores de la ley, también es correctísimo; pero, ¿cuándo esto se vuelve un problema si todo iba tan bien?

En el momento en que consignan a personas ante las autoridades que ellos piensan que son delincuentes, y se preguntará usted, ¿y el principio de inocencia?, brillando por su ausencia; pero si están capacitados y entrenados para preservar el orden y ley, pues no, crudamente se toman todo aquello que alguien les dicen mientras es torturado y se vuelven parte de juez, ellos con su sola apreciación deciden quién es culpable o no, y para poder taparle el ojo al macho al principio del debido proceso, inventan una teoría del caso, que cumpla con los requisitos exigidos por el sistema penal actual, es decir lo adecuan a las necesidades del sistema, pero solo son puras mentiras.

Por lo tanto, en el supuesto sin conceder, de que por azares del destino hubieran detenido a un verdadero delincuente, lo ponen frente a un juez con puras falsedades, porque gracias a un superpoder sobrenatural, los policías saben quién es delincuente y en lugar de investigar adecuadamente y generar una serie de datos fehacientes obtenidos legalmente, ellos por el contrario, solo detienen a esa persona con lujo de fuerza bruta, porque inclusive catean su vivienda sin orden alguna e impunemente se llevan a esa persona cual si se tratara de un animal rabioso, le inventan un delito, el que más coraje les dé, plantan evidencia y generan diligencias ilegales, les arrancan confesiones mediante violencia y los hacen declarar sin defensor alguno.

Cuando sus familiares finalmente contratan a un abogado que lo defienda, el Ministerio Púbico obstaculiza la defensa adecuada, niegan que tengan a su disposición a la persona, traen a los familiares de una corporación a otra como una pelotita que rebota por todos lados, no permiten el acceso a la carpeta de investigación y cuando finalmente el imputado está frente a un juez tiene que enfrentar una acusación de mentiritas.

Qué lastima que la realidad no pueda ser juzgada, que un delincuente crea que es inocente de sus acciones porque cuando finalmente va a enfrenar a la justicia, no sea por los hechos que realmente realizó, que sean puras mentiras, que legitimen a un delincuente a clamar justicia para sí y no para la sociedad a la que perjudica.