Tal como se había previsto, el pasado miércoles, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presentó su informe de actividades al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el evento, el presidente del Poder Judicial destacó el desarrollo de un nuevo modelo de justicia en circunstancias extraordinarias, dadas las inclemencias de la pandemia actual: el Modelo Coahuila, que involucra una administración eficiente y transparente de los recursos, y el camino hacia una justicia digital.

En dicho informe, se destacó la inauguración de juzgados especializados en violencia familiar, y hasta la creación de una aplicación cibernética denominada “Mujer Segura”, por medio de la cual se podrá dar a conocer a la autoridad competente –en tiempo real– cualquier alerta de agresión desde un equipo móvil, con solo agitarlo.

Hasta aquí todo indicaría que en el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, las cosas empiezan a marchar mejor, y es que si nos remitimos solo a lo informado por el magistrado presidente, debiéramos concluir que en el Poder Judicial se han superado en poco tiempo los problemas de deficiencia y mala administración que se observaron en los anteriores periodos, y que por esa virtud, –ahora sí– los coahuilenses contamos con una digna justicia.

Por desgracia, la realidad poco refleja lo informado por el titular del Poder Judicial en Coahuila; y es que, para los usuarios de los servicios que prestan los juzgados civiles, familiares y mercantiles, las cosas en nada han mejorado.

Para quien dude de lo anterior, debo decirle que a pesar de la buena voluntad del magistrado presidente por hacer más eficiente la administración de la justicia en nuestros juzgados locales, los mismos desde marzo de 2020 –fecha en que inició la contingencia sanitaria por causa del Covid-19–, poco ha avanzando en cuanto a la calidad en la atención a los usuarios.

Desde el inicio de la pandemia, los centros de justicia en los municipios de nuestro estado implementaron una precaria forma de atender a los justiciables. Acciones que van desde obligarlos a hacer largas filas de espera en el exterior de los edificios para acceder a un turno, hasta la obligación de allanar los requisitos, horarios y exigencias que cada empleado de juzgado les impone, y que han traído como consecuencia que los coahuilenses tengamos una justicia que poco nos dignifica.

Desde entonces, los ciudadanos para lograr ser atendidos por cualquier funcionario judicial, y con ello alcanzar la pretendida justicia, deben soportar malos tratos y la insensibilidad de quienes se supone la imparten. Lo anterior, hace evidente que a nuestro tribunal coahuilense le ha sido insuficiente cualquier cambio implementado por la actual Administración.

Y es que pareciera que por consecuencia del afán por implementar una justicia digital, se descuida la obligación de tener una justicia digna, dado que se olvida que la buena impartición de justicia solo puede ser palpada en el lugar en que la misma se ejerce, que es en los locales que ocupan los juzgados encargados de atender a los ciudadanos que la buscan.

Entonces, por más que se diga que nuestro Poder Judicial está mejorando esto no será verdad, hasta que el ciudadano común vea que ha podido acceder a la justicia sin haber tenido que perder su dignidad en el camino.