Imagine Usted, que atraviesa por una dificultad legal que pone en riesgo su patrimonio y el de su familia, por lo que se ve en la necesidad de contratar a un Abogado. Una vez que lo ha encontrado, pacta el monto de honorarios, vía a entablar y hasta firma el escrito de demanda; a la vuelta de una semana, usted le llama para conocer el estatus de su proceso legal, y el litigante le dice que aún no ha podido ingresar su petición, ya que le dieron una cita para recibirle, y que le toca hasta dentro de dos días más.

A la siguiente semana, vuelve a marcar al profesionista y le pregunta si ya tiene número de expediente, juzgado y acuerdo de admisión de su tan necesaria demanda. Él con un dejo de vergüenza le dice que aún no, ya que el juzgado tarda entre cinco y 12 días hábiles en acordar la admisión de su escrito inicial, por lo que habrá que esperar otros 5 días más, para poder revisar su expediente. Lo anterior, solo sí la demanda fuera debidamente admitida, y claro, siempre y cuando logre una cercana cita para revisar su expediente.

A los cinco días hábiles, usted localiza nuevamente a su abogado para que este le informe sobre el curso del procedimiento. Por desgracia, el leguleyo le dice que el juez le ha pedido aclarar algunos aspectos de la demanda, y que le han dado otra cita para que entregue el respectivo escrito aclaratorio, por lo que hasta en tanto el mismo Jjuez resolverá si decide o no admitir a trámite la demanda que a usted tanto le urge.

Así pues, ya luego de casi un mes cumplido después del día en que usted firmó su demanda, su acongojado legista le informa que dado que los tres días que “misericordiosamente” le concedió el señor Juez para que cumpliera con la simple aclaración de demanda se le pasaron entre cita y cita, por lo que el juzgado decidió desechar de plano su desairada demanda. Entonces, habrá que empezar nuevamente el proceso de presentación.

¿Le parece increíble lo anterior? Pues bien, debo decirle que esta es la realidad que ahora se vive en los Juzgados Familiares, Civiles y Mercantiles de Coahuila, en donde se han dado a la tarea de alargar en lo posible la contingencia Covid–19 para limitar, con citas, en exceso los servicios que ahí debieran prestarse de manera pronta, expedita y fácil, y que por el contrario cada día hacen más complicados y lentos, agraviando con esto los derechos de los coahuilenses gobernados.

Un ejemplo de lo anterior, son los tribunales de Saltillo, los cuales solo permiten la entrada a 20 personas diarias por cada uno de los 9 juzgados y Oficialía Común de Partes, esto a pesar de que dicha dependencia debe procurar la justicia a los más de 900 mil habitantes de la ciudad capital y a los 140,000 de Ramos Arizpe y Arteaga. Lo que representa una verdadera desproporcionalidad.

Sin duda, el Poder Judicial en Coahuila ha sido siempre el talón de Aquiles de las administraciones estales, dada su persistente indiferencia a las necesidades de la población en materia de justicia, aunque nunca como ahora, esto, a pesar de los esfuerzos del nuevo presidente del Tribunal Superior quien por más que lucha contra esta delicada problemática no ha logrado contar con la disposición y la empatía del personal que conforma a esta tan difícil dependencia.