La práctica de alterar, modificar o inventar documentos pagarés, es recurrentemente utilizada por agiotistas, financieras y mueblerías de la localidad, las cuales confían en la incompetencia de los juzgadores locales

¿Sabía usted que, en Coahuila, cualquier persona sin escrúpulos puede inventarle, falsificarle o alterarle un documento pagaré o las condiciones del mismo, y que para defenderse Usted deberá pasar por los gastos de un perito en Grafoscopía y Documentoscopía que logre demostrar la falsificación o la alteración del documento en su perjuicio, previo pago de sus honorarios que rondan entre los 7 u 8 mil pesos, y que de no hacerlo será condenado por un juez mercantil a pagar todo lo que su demandante solicite?

Pues bien, el supuesto anterior sucede todos los días en nuestros juzgados mercantiles y letrados civiles, en los cuales se hacen efectivos pagarés alterados o hasta inventados, pero que se legalizan por consecuencia de la insolvencia de los demandados, que evidentemente no pueden contratar los servicios periciales de un profesional en el examen de la escritura, o en el estudio integral del documento que determine su autenticidad o alteración, o por lo menos un abogado.

La práctica de alterar, modificar o inventar documentos pagarés, es recurrentemente utilizada por agiotistas, financieras y mueblerías de la localidad, las cuales, a pesar de que saber que cualquier alteración o modificación de algún elemento del documento original sin la autorización del que lo suscribe, es un delito, confían en la incompetencia de los juzgadores locales, los cuales fundan sus condenas principalmente en la falta de un examen pericial formal, aunque la manipulación de los documentos sea por demás evidente, y se perciba a simple vista.

En relación con lo anterior y por fortuna, en días pasados el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, dio a conocer que luego de ponerse al descubierto la falsificación de un pagaré en un juzgado mercantil de Saltillo, se iniciará con una intensa campaña para detectar a la mafia que ha venido operando dentro de los juzgados mercantiles mediante la falsificación de los llamados pagarés en colusión con los funcionarios de los mismos, y terminar en forma tajante con esta mala práctica.

El detonante fue una secretaria de la defensoría pública en Saltillo que prestó 46 mil pesos, pero alteró el documento para cobrar luego 460 mil pesos, acción que fue detectada y ahora pesa sobre ella una denuncia por fraude procesal, obligando al Tribunal a separarla de forma inmediata de su cargo.

Ante esta situación, el magistrado presidente dijo que se emprenderá una campaña para detectar a esa mafia que existe en todos los juzgados mercantiles de Coahuila, a la cual de ninguna manera se le permitirá que siga despojando de su patrimonio a las familias mediante este tipo de prácticas, a todas luces irregular.

“El 90% de los asuntos en un juzgado mercantil y letrado tiene que ver con el cobro de un pagaré, y ante ello hemos encontrado muchas quejas de gente que ha resultado muy afectada con la alteración de estos documentos, el delito no es deber, delito más grave es que se altere un pagaré y eso no lo vamos a permitir”, dejó en claro Mery Ayup

La intención del magistrado presidente del TSJE es por demás plausible, sin embargo, lo que quizá aún no sepa, es que muchos de los jueces de la localidad… (Continuará)