“En cada Estado la justicia no es más que la conveniencia del que tiene la autoridad en sus manos y, por consiguiente, del más fuerte”.
Trasímaco La República, Platón
Los políticos de la 4T quieren convencernos de que la “justicia social” debe reemplazar a la “justicia”. Detrás del término, sin embargo, se esconde un simple intento por conseguir un nuevo instrumento de poder. La justicia no debe tener adjetivos.
Mucha discusión ha generado la enmienda de la Constitución de la Ciudad de México, impulsada por el Jefe de Gobierno Martí Batres, que eliminó del artículo tercero el “principio de respeto a la propiedad privada”. Mucho más peligrosa, sin embargo, es la reforma al artículo 35 que el propio Batres dio a conocer el viernes 6 de septiembre.
Al párrafo primero de la fracción A, que señalaba que “la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”, se ha añadido otro que ordena: “En la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva y justicia redistributiva, y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales del procedimiento impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
Detrás de la jerga sociopolítica, que intenta ocultar el contenido, el nuevo párrafo dice que la justicia ya no será la misma para todos, sino que deberá favorecer a quienes estén en “situaciones. de desventaja social”. Es un arma para manipular la justicia. Si eres fifí, o si el Gobierno te considera su enemigo, no tendrás justicia.
Este concepto de justicia lo ha expresado también la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Apenas el 26 de noviembre de 2023 había declarado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: “No podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”. Incluso narró el caso de un juez en Texas, electo por voto popular, que condenó a un mexicano a la pena de muerte, a pesar de que había pruebas de su inocencia, porque esto le daba más popularidad y le permitía ascender en su carrera judicial. Hoy, sin embargo, la ministra ha cambiado de opinión. Este 5 de septiembre participó en un mitin político, junto con Lenia Batres, para apoyar la reforma judicial que incluye la elección de jueces por voto popular; y presumió ser “fundadora de Morena, a mucho orgullo”, y de que “todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo”. Con un Presidente que afirma ser el único representante del pueblo, esta es una confesión de que sus votos han seguido la línea de Palacio Nacional.
En La República de Platón el sofista Trasímaco argumenta que “la justicia, y lo que es conveniente al más fuerte en todas partes y siempre, es una misma cosa”. Sócrates lo rebate para concluir que “la definición de justicia era diametralmente opuesta a la de Trasímaco”. La justicia, efectivamente, no puede ser la imposición del más fuerte, del Gobierno. Un Estado, para ser justo, debe dar oportunidad de acceso a la justicia a todos. Si un casero exige a un inquilino el pago de alquiler, pero los tribunales, por razones de “justicia social”, automáticamente le dan la razón al inquilino, sólo acabarán con la inversión en vivienda de alquiler y perjudicarán a todos los inquilinos.
En una sociedad justa todos debemos ser iguales ante la ley. Esto es un baluarte contra los abusos del Estado. Un Gobierno que afirma que protege más a los más débiles termina abusando de todos los demás, y usando sus poderes para beneficiar a sus allegados.
Marcha
Una vez más el Paseo de la Reforma se llenó este domingo de manifestantes contra la reforma judicial. Un joven estudiante de la UNAM preguntó: “¿De verdad queremos vivir en la tiranía de la mayoría?”. Una mujer de avanzada edad en silla de ruedas llevaba una bandera mexicana.
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