El escándalo de la casa de Houston del hijo mayor de López Obrador encierra, como se ha visto, un gran número de aristas. No todas son pertinentes o significativas, y sin duda surgieron imprecisiones, lagunas y exageraciones, ya sea con el reportaje en sí mismo y en las interpretaciones a las que ha dado lugar. El asunto da para mucho, y probablemente tenga una vida más larga de la que López Obrador quisiera. Me centraré solo en dos aspectos, tal vez los más importantes.

El primero es el de la incongruencia. No es tan cierto que los hijos y en general la familia más cercana de un Mandatario pueden vivir como deseen, sin importar su correspondencia con las normas o anhelos manifestados por el Presidente, que en el caso de AMLO son absurdas pero explícitamente claras: ¿Para qué quiere alguien dos pares de zapatos si con uno basta? Menos aún en México. Conviene recordar que este es el país de las acusaciones, sospechas y reclamos –válidos o no, yo no los prejuzgo en ninguno de los casos– a las hermanas de José López Portillo, al hermano de Carlos Salinas, a la esposa de Vicente Fox, a la esposa de Enrique Peña Nieto, y a los hermanos, hijos y primas de López Obrador.

Uno de los denunciantes ha sido, a lo largo de los años, el propio López Obrador. Es perfectamente aceptable criticarlo por la conducta incongruente de su hijo en Houston, así como se valía criticar a Peña por la conducta de “La Gaviota”.

Esto es así en todos los países democráticos del mundo: se espera un comportamiento a la altura del cargo que ocupa el jefe de familia, o en su caso, un claro deslinde de dicho jefe con sus familiares incongruentes. Recuérdese el caso del hermano de Jimmy Carter.

El otro aspecto, más grave, es el del conflicto de interés. Aquí todo es más complicado, y solo quisiera referirme al tema del casero Keith Schilling, quien le alquiló la casa con alberca a la pareja López Beltrán-Adams. En primer término, hay un tema de flujo. Según cálculos aproximados de otras residencias en la misma calle, el alquiler de esa casa, en 2019, sumaba unos 6 mil dólares al mes.

Esto equivale a un ingreso neto (después de impuestos) de casi cuatro veces la renta, es decir, unos 20 mil dólares mensuales como mínimo, que a su vez corresponden a un ingreso bruto de unos 30 mil dólares al mes, o 360 mil al año.

Como la señora Adams de López Beltrán es la única integrante de la familia con ingresos públicos, se trata de un monto decoroso, no multimillonario, pero perteneciente en todo caso al 10% más pudiente de Estados Unidos. Su declaración de impuestos lo dice todo.

Lo menos que hace un casero o una agencia corredora de bienes raíces en Estados Unidos, para un alquiler de largo plazo, es cerciorarse de la capacidad de pago del inquilino. La manera más expedita de lograrlo es mediante la hoja de pago de la empresa donde trabaja, o en su caso, la declaración de impuestos del arrendatario.

Schilling o su corredora cuentan con lo uno o lo otro, y si desean que todo sea transparente, deben entregar esos documentos a la opinión pública. Schilling afirmó que nunca se enteró de quién le había alquilado la casa, ni cuánto ganaba, etc.

La corredora no puede no haberle dicho al dueño que tenía una candidata a inquilina que era la nuera del Presidente de México, es decir, una Politically Exposed Person, como acertadamente lo señalo MCCI. Schilling puede haber decidido que, a pesar de ello, o debido a ello, la quería como arrendataria, pero es completamente inverosímil que no se haya enterado.

He aquí el quid del asunto. Nadie alquila su casa sin saber a quién se la alquila: a un borracho, narco, asesino, magnate, estudiante sin recursos, o mal pagador consuetudinario. Puede ocuparse de ello la agencia de bienes raíces, pero aún así existe el principio, sobre todo en Estados Unidos ahora, de “Know your tenant”.

Entre más días transcurren, mayor va a ser la sospecha de que la familia presidencial no disipa cualquier duda sobre un conflicto de interés con Baker Hughes porque carece de los documentos que permitan hacerlo fácilmente. Estos son, inter alia, el contrato de arrendamiento, los comprobantes de pago de la renta (transferencia o cheque), los recibos de renta, la declaración fiscal de la señora Adams-López Beltrán ante el IRS, y la de Keith Schilling, también ante el IRS, donde declara al fisco el ingreso por el arrendamiento.

Mientras Palacio y/o Houston no presenten dichos documentos, y suba la denuncia de conflicto de interés, aumentará la probabilidad de que los documentos exculpatorios no existan.

Y si los presentan, tendremos que pedir una disculpa por haber dudado de que son diferentes. Por ahora: “¡Houston, we have a problem!”.

¿Houstongate o Españagate?

El sainete bananero con España es importante en sí mismo, pero no debe borrar o diluir el verdadero problema de López Obrador, y la razón profunda de su pataleta: el Houstongate que está devorando su presidencia.

Sí vale la pena reflexionar sobre las barbaridades que ha dicho a propósito de las relaciones con España, pero sin olvidar ni un momento la agudización del escándalo de la “casa gris” de su hijo y su nuera en EU.

Cada día que pasa sin que Palacio o Conroe presenten los documentos exculpatorios o explicativos de la residencia “alquilada”, crecen las sospechas.

Lo más extraño de la “pausa” consiste en la acusación dirigida a cuatro jefes de Gobierno españoles, que coincidieron con “los tres sexenios mexicanos” que, según López Obrador, incurrieron en “un contubernio, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y España, pero como tres sexenio seguidos y México llevaba la peor parte, lo saqueaban.”

Se trata de los siguientes ocupantes de la Moncloa: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez –dos del PSOE y dos del PP, dos de izquierda (incluso dentro de del PSOE) y dos de derecha–.

En otras palabras, todo el espectro político español conspiró contra el pueblo de México, contra CFE y AMLO, para despojar al país de “su” electricidad, de sus carreteras, de sus ahorros, de su petróleo. Los tres presidentes mexicanos fueron cómplices conscientes y corruptos, pero los españoles no cantaron mal las rancheras.

Lo extraño es que nadie más se dio cuenta: ni los demás gobiernos de países donde Repsol, Iberdrola y OHL tienen inversiones ni los anteriores presidentes mexicanos –Zedillo, Salinas, De la Madrid– que coincidieron con Felipe González y el inicio de la globalización de las empresas y los bancos españoles.

Solo López Obrador lo supo, pero desde luego no tiene los pantalones para perseguir jurídicamente a ningún expresidente de México o exdirectivo de las empresas españolas. Carlos Puig tiene razón en decir que AMLO sigue ardido por la postura de Zapatero en 2006, cuando felicitó a Calderón, pero no explica todo.

Lo que sí lo explica es la necesidad de distraer del Houstongate. La evidente obsesión del Gobierno por defenderse de la acusación y de la apariencia de conflicto de interés va emparejada con lo obvia incapacidad o la falta de voluntad de presentar los papeles que justificarían todo.