Saltillo, Coah.- La Auditoría Superior del Estado propone reformas legales para que los funcionarios que manejan recursos públicos paguen una fianza al asumir el cargo, a fin de garantizar la reparación del daño o perjuicio a la hacienda pública ocasionado por su negligencia, irresponsabilidad o malversación de fondos, por ejemplo.

El Artículo 6 de la Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila, refiere que el sistema debe establecer principios, bases, políticas y procedimientos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Así, se reconoce la posibilidad de que el sistema emita políticas o lineamientos para la constitución de mecanismos de caución de funcionarios que manejen caudales públicos aplicables para entidades estatales y municipales.

Según la propuesta de la Auditoría Superior del Estado para que funcionarios públicos depositen fianzas para cubrir posibles daños al erario, el Congreso debe legislar en los mecanismos de caución, beneficiarios de su constitución, montos a garantizar, vigencia de la caución, requisitos para la cancelación parcial y total, funcionarios obligados a constituirla y la difusión en portales de internet de las fianzas constituidas.

Entre los funcionarios obligados se encuentran los tesoreros, administradores de recursos y aquellos funcionarios que hayan participado en elaboración de dictámenes sobre procesos de adquisición, obra pública y servicios relacionados con las mismas.

A fortalecer finanzas

Asimismo, debe analizar el cobro de la tenencia, eliminado en 2012 a nivel federal, y que en Coahuila desapareció de manera gradual.
También se requiere aprovechar el Artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer impuestos cedulares a los ingresos de las personas físicas por la prestación de servicios profesionales, por la renta de bienes inmuebles, por enajenación de bienes muebles o actividades empresariales con tasas de hasta el 5 por ciento.

Argumenta que Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán cobran ese tipo de impuesto, con lo que logran mayores ingresos para sostener programas de Gobierno.

De igual manera, la Auditoría propone reducir el IVA y aplicar un Impuesto General al Consumo, de carácter federal, pero que sea recaudado y fiscalizado por el Gobierno del Estado y el resto de las entidades.