¿Quién elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de la Reforma Judicial, y a qué intereses respondían? Los nombraba el Presidente por medio del Senado; igual sucede en Estados Unidos. Cuando el oficialismo dejó de contar con mayoría calificada se apoyó en otras fuerzas políticas para completar los votos. De ese modo, el PRI y el PAN terminaron por repartirse las togas según su ideología y sus conveniencias.

La Corte actual, que concluirá sus funciones el 1 de septiembre, está compuesta por 11 ministros: cuatro fueron nominados por Felipe Calderón; dos, por Peña Nieto (entre ellos Norma Piña, presidenta del máximo tribunal constitucional); y cinco, por Andrés Manuel López Obrador. En los estados los magistrados los nombra el Gobernador.

La elección de ministros, magistrados y jueces genera incertidumbre, pero también abre resquicios para la esperanza. Ernesto Zedillo desapareció la Corte de un plumazo en su primer mes de Gobierno y nombró una a la medida. ¿Alguien se rasgó las vestiduras? “La sociedad —dijo en su primer informe— está profunda y justificadamente agraviada. En muchos lugares es indignante la amenaza cotidiana a las personas, a su familia y a su patrimonio. La ciudadanía vive preocupada por la inseguridad en las calles, los caminos y los sitios públicos; la ofende la frecuencia de los delitos y la impunidad de quienes violan la ley; con toda razón se exaspera al comprobar que en muchos casos son los propios encargados de garantizar el orden y procurar la justicia quienes la atropellan. Arrastramos una fuerte desconfianza, muy justificada, hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública”.

¿Cambió algo desde entonces? Sí, pero para peor. El Poder Judicial estrenó rostros, pero conservó sus vicios e incluso los exacerbó: venalidad, nepotismo y alineamiento con el Presidente y los grupos de poder. Zedillo ha vuelto a la escena para atacar la Reforma Judicial de la 4T. En su informe de 1995 justificó la propia: “La transformación de nuestro sistema de justicia sólo tendrá solidez, legitimidad y viabilidad si es realizada a partir de la Constitución y el reforzamiento de las leyes. Por eso, el primer paso fue enviar a esta soberanía una iniciativa de reformas constitucionales. Antes de ser aprobada por el Constituyente Permanente, dicha iniciativa fue debatida intensamente, y sustancialmente enriquecida por el Congreso de la Unión”. Todo en menos de un mes. “Se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del Presidente sobre la Suprema Corte”, remató. El primero en contradecirse fue él mismo. La misma ruta siguieron Fox, Calderón, Peña y López Obrador.

Hoy, por primera vez, los ciudadanos tienen la oportunidad de nombrar a los responsables de impartir justicia, en vez de 85 senadores cuyo compromiso no es con los estados ni con la sociedad, sino con el Presidente y sus partidos. Esperar una votación copiosa el 1 de junio carece de sustento. Pues si en elecciones políticas el abstencionismo es elevado, más lo será en unas que, por su naturaleza, resultan complejas e ininteligibles para el grueso de la población por la materia de que se trata. La información sobre el proceso y el perfil de los aspirantes es insuficiente, y múltiples los intereses que apuestan por el fracaso. Con un sistema judicial viciado, incompetente y desacreditado, como el nuestro, ¿pueden empeorar las cosas? Por supuesto, pero también podría equilibrarse la balanza de la justicia.