De manera interesada o simplemente por desconocimiento, se ha divulgado entre diversos sectores de la sociedad que el comportamiento (alzas y caídas) de las bolsas de valores es intrascendente para la masa de trabajadores asalariados del país, y esa misma afirmación prevalece entre la mayoría de las profesiones liberales, las cuales agrupan a diferentes profesionistas que atienden a estratos de población de clase media, así como aquella que goza de una posición económica holgada; inclusive algunos intelectuales y académicos de corte antineoliberal han llegado a aseverar que la situación de la bolsa en el mercado financiero tampoco tiene impacto alguno en las decisiones que se toman para formular políticas públicas de corta y mediana duración cronológica.

Esas ideas pululan y se refuerzan con la imagen que predomina en el ideario de la sociedad informada, de que los que participan en inversiones bursátiles son adultos que al menos cursaron un pregrado y disponen de suficientes ingresos que les permiten distraer algunos en la compra de acciones del mercado bursátil, y por si fuera poco, también los catalogan como adictos al riesgo en la colocación de su dinero en el “club de ricos”. Todo ello ha influido para que, en México, se tenga una incipiente cultura financiera, según especula el director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La población que participa en bolsa oscila entre 2 o 3% del total de la de 18 o más años, porcentaje muy inferior a la de países como Brasil o España. Según mi parecer, la respuesta no debe ser un NO rotundo al querer manejarla como un nicho de mercado cuasi-cerrado y elitista, e independiente del desempeño de las múltiples actividades económicas de los negocios y de la economía familiar, sino un SÍ, condicionado al cumplimiento de dos restricciones: el rol de los reguladores financieros y el Gobierno, y la estructura de la Bolsa y su mercado.

La número uno: si las transacciones bursátiles, tanto de capital como de deuda, son gravadas con impuestos progresivos en función del monto dinerario de las operaciones, y simultáneamente el Gobierno maneja una política industrial dirigida a fomentar la inversión directa en el país, a través de incentivos y créditos fiscales, será indudable que habrá interés de las empresas por participar en la Bolsa y llevar a cabo Ofertas Públicas Iniciales (OPI) para allegarse recursos del público inversionista. Y por otra parte, al crecer el mercado bursátil, los impuestos se verán incrementados y podrán contribuir en la creación de programas sociales como educación, salud y vivienda, entre otros, que beneficiarían a las familias de los trabajadores asalariados. Si bien es cierto el beneficio no es directo a las clases populares, sí se logra mediante la participación de las autoridades hacendarias.

La otra excepción, hace alusión a una estructura bursátil flexible, que pueda responder a los cambios que se dan en la economía, aun cuando eso conlleve una reducción en los márgenes de ganancia de la Bolsa. Se sacrifican utilidades en aras de mantener valuaciones competitivas; diversificar la cartera de clientes, incrementar el listado de emisoras, y difundir, con un léxico accesible en el sector académico y de colegios de profesionistas, las bondades de invertir en la Bolsa.

El desafío es mayúsculo para un país como México, en donde el índice de bancarización y profundidad financiera han sido marginales. Las causas del subdesarrollo financiero son multifactoriales, entre ellas la economía subterránea, que ocupa un deshonroso rol preponderante en la vida económica de los mexicanos porque generalmente se mueve o maneja a través de transacciones al contado y en efectivo.