Frente al raquítico 39.4% de participación en los comicios de diputados locales del año pasado, el 6 de junio 57.7% de los coahuilenses sufragaron para nombrar alcaldes, rango que corresponde a unas elecciones intermedias. Así se confirma la tesis según la cual cuando los niveles de concurrencia superan 50%, los partidos dependientes de sus estructuras ganan menos posiciones, pues el voto de castigo por la corrupción, impunidad y otras demandas irresolutas favorece a las oposiciones.

Esa tendencia la refuerza el rechazo ciudadano a los partidos. Una encuesta de Reforma, publicada el 1 de diciembre pasado, revela que 40% “nunca votaría” por el PRI; el 16% jamás lo haría por Morena, y 12% en la vida cruzaría el escudo del PAN. En el caso de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alrededor de 2 mil ayuntamientos, quienes hasta el final decidieron su voto lo emitieron por el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la campaña en medios de comunicación nacionales y extranjeros para disuadir de sufragar por Morena y el líder de la cuarta transformación.

En cuanto a las elecciones de medio término para renovar el Congreso federal, la participación alcanzó 53.2%, cinco puntos y medio más que en las de 2015 (47.7%).

Los predecesores de AMLO (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) encabezaron gobiernos divididos, lo mismo que Ernesto Zedillo en la segunda parte de su sexenio. Conservar la mayoría absoluta en la Cámara baja y dominar el Senado le permitirá al Presidente avanzar su agenda legislativa. En rueda de prensa previa a los comicios, declaró al respecto: “Ya se logró ajustar el marco jurídico, faltan las leyes secundarias, pero las reformas constitucionales prácticamente están realizadas (…), lo sustancial, lo más importante ya se llevó a cabo”.

Sin embargo, con este Presidente es preferible ir con tiento. Una de las reformas pendientes es la fiscal, cuya meta es recaudar 300 mil millones de pesos extras, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Uno de los puntos de la agenda consistiría en revisar el pacto fiscal, como lo han demandado los gobiernos locales. AMLO ha admitido la necesidad de elevar los presupuestos a los estados, pero también de considerar por qué llegaron a la situación actual y “cómo se les autorizaba a que se endeudaran sin límite”.

El caso de Coahuila es referencial. Enrique Martínez cerró su sexenio con una deuda por 320 millones de pesos, y Humberto Moreira la disparó a 36 mil millones en menos de cinco años, sin obra, servicios ni infraestructura que la justificaran.

Una parte significativa de los créditos se contrató con documentos falsos, pero hoy día se ignora el destino de 18 mil millones de pesos; entre otras razones, porque las legislaturas, controladas por el PRI, votaron en contra de toda iniciativa para investigar el “moreirazo”.

Ganar la mayoría en el Congreso le permitiría al Presidente mantener el control del presupuesto e imponerles condiciones a los estados. “Hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad, y a partir de ahí ver qué se puede hacer para lograr más presupuestos. (…) sin aumentar los impuestos (…) sin incrementar deuda. (…)

Tenemos el compromiso y se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee, de que no van a aumentar los precios de los combustibles en términos reales, se acabaron los ‘gasolinazos’” (El País, 18.03.21).

Si no suben los impuestos, ¿de dónde saldrán los 300 mil millones de pesos para aumentar los presupuestos? La respuesta está en la chistera de López Obrador, siempre llena de sorpresas.