Desarrollos Carboneros Mexicanos, S.A. de C.V., fue invitado el 31 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad para suministrar carbón mineral de la Cuenca del Río Escondido (con mayor poder calorífico y menor cantidad de concesionarios, por ende más valioso) en ambas centrales termoeléctricas de Nava, Coahuila: José López Portillo y Carbón II.

Cuatro días después le adjudicó de manera directa dos contratos, y el 7 de noviembre se firmarán estos por 513 millones de pesos a razón de dos pedidos estimados en $256.5 millones cada uno. Un total de 600 mil toneladas programadas en acarreos del 8 de noviembre al 28 de febrero de 2023.

Y aunque la cifra pareciera mucho dinero supone comprar la tonelada en 855 pesos. Un valor paupérrimo; irrisorio y contrario a la lógica del mercado y la cadena de suministro, al grado que, para poder cumplir las exigencias mínimas requeridas, técnicas y de seguridad, tendría que pagarse por lo menos al doble; ahí es donde la palabra “complicidad” entra en escena y desentraña la cuestión.

La favorecida es una sociedad mercantil constituida el 11 de enero de 2019 en Monterrey, Nuevo León. No tiene, por tanto, concesiones mineras a su nombre, pues las últimas entregadas por la Secretaría de Economía datan del año 2017, así que para acceder al carbón de la Cuenca del Río Escondido está obligada a “rentar” lotes a terceros en un territorio que –de acuerdo con la base de datos de la Dirección General de Minas– monopoliza la “sexenalmente satanizada” familia Ancira.

Jacobo Dávila Gil, domiciliado en Saltillo, funge como representante legal de la razón social y accionista mayoritario, junto a Ángel Omar García Robles, quien ostenta un porcentaje mínimo (5%). De entrada, la empresa menciona en documentos presentados a CFE tener dos ubicaciones diferentes; una por cada convocatoria adjudicada, correspondientes a la colonia Coahuila, en Sabinas, y la colonia Independencia, en San Juan de Sabinas. Y previamente, en julio de 2022, se había embolsado 58 millones 506 mil 282 pesos por carbón de la Cuenca del Río Sabinas.

Hasta el 24 de agosto, es decir, 21 días después del siniestro en El Pinabete y que dejó 10 mineros muertos atrapados en el interior del pocito, Desarrollos Carboneros Mexicanos, tenía por socio principal a Héctor Gerardo Morales Longoria (de Reynosa, Tamaulipas, aunque avecindado en San Pedro Garza García, Nuevo León) pero Jacobo García Gil (quien ya poseía desde septiembre de 2020 un tanto de la sociedad) incursionó como dueño ese día, al comprar la parte del tamaulipeco (80 acciones) en 40 mil pesos como consta en el acuerdo 691 formalizado ante la Notaría 5 de Sabinas, en poder de quien esto escribe.

A partir del cambio CFE le abrió mágicamente la llave de los recursos. ¿Por qué?, cabría preguntarse. Y posteriormente dimensionar el negocio de su vida: adquiere por 40 mil pesos la mayoría de una empresa que, al cabo de 72 días, se adjudica 513 millones de pesos. Ni en la lotería de Estados Unidos.

Cortita y al pie

No es ocioso recordar que durante septiembre ls CFE abrió dos convocatorias para comprar el mismo carbón de la Cuenca del Río Escondido, reservando 720 millones de pesos para el mineral, sin embargo desechó ambos procedimientos al evaluar que los participantes (entre los que llevaba mano Minerales Don Chilo, de Antonio Flores, promotor del “Acapulco” Mejía Berdeja y hermano de Tania, la alcaldesa morenista de Múzquiz) no cumplían con la manifestación de impacto ambiental ni acreditación para extraer carbón en los centros mineros declarados.      Dicho de otra forma: los “empresarios” no comprobaron que tienen minas (o se dedican al coyotaje, como se denomina en el argot minero). También es pertinente señalar que a una persona moral de la Ciudad de México, recién creada en 2021 y confeccionada ex profeso para el negocio, pagó en 227 dólares (4 mil 500 pesos) la tonelada de carbón importado para su Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, de Petacalco, Guerrero.

Cinco veces más caro, a comparación del tema que nos ocupa en la Región Carbonífera. Así, entre el 10 de diciembre de 2021 y el 23 de marzo de 2022, obtuvo 41 mil 866 millones de pesos. Al precio que CFE paga en Coahuila, para contextualizar, hubiese cobrado solamente 8 mil millones de pesos.

La última y nos vamos

El 5 de octubre de 2020 Juan Salvador García Luna Vargas, fue acreditado en la Notaría 120 de Monterrey como apoderado de Desarrollos Carboneros Mexicanos, y a la fecha no consta una revocación legal del referido poder. El dato es importante, pues él, al mismo tiempo, es representante de Régulo Zapata Morales en la cuestionada Beneficios Carboneros AJ, la cual se agenció 55.6 millones de pesos en julio, y en otra razón social creada en la misma Notaría 120.

A su vez es familiar de Luis Rafael García Luna Acuña, quien es socio del propio Régulo Zapata en un par de empresas más. Luis Rafael, justo es decirlo, desde el 10 de enero de 2019 es propietario, al 94% de la Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V. Sí, la más famosa de los últimos tres meses.

Como se publicó en este mismo espacio el 14 de agosto, Régulo ha participado con Yeidckol Polevnsky, expresidenta nacional de Morena, en proyectos de comunicación política. Particularmente durante su mandato en el partido (2018-2020). Entonces el círculo se cierra. Bingo. 513 millones. Y como se dijo al principio, “complicidad” es la palabra clave.