Pareciera que la consulta popular del 1 de agosto es cosa del pasado, pero no es así. En las últimas dos semanas, en el Instituto Nacional Electoral, se echó a andar una investigación que ha crispado los ánimos entre Morena, PAN, PRD y el propio Instituto.

El 30 de julio, dos días antes de la consulta, el diputado panista para la Ciudad de México, Federico Döring, y el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, presentaron una queja y una denuncia ante el INE. Pidieron que se investigue si la campaña Juicio a Expresidentes estaba siendo financiada por Morena. Esta campaña, usted recordará, es la que invitaba a votar “Sí” en la consulta y se veían fotos de expresidentes con un cinta roja en los ojos, de la que escribí aquí mismo hace dos semanas.

Los panistas alegaron que los espectaculares de la campaña en el Metro de la Ciudad de México y en periférico sur, los mensajes en redes sociales de legisladores de Morena y los actos públicos del presidente del partido, incluso un número del periódico Regeneración (un medio de difusión de Morena) en las que se usaban los carteles de Juicio a Expresidentes, constituían indicios de que el partido y el Gobierno capitalino eran financiadores ocultos de la campaña.

La queja y la denuncia se acumularon en un solo caso, al que días más tarde se agregó una tercera denuncia, similar, del PRD. El INE solicitó información a varios de los anunciantes.

La Jornada respondió sobre siete inserciones pagadas, que invitaban a votar en la consulta y fueron publicadas entre el 23 y el 29 de julio. El periódico respondió que le habían pagado 300 mil pesos y lo facturaron a los diputados de Morena Jaime Pérez, de Veracruz; Francisco Borrego, de Coahuila; Karla Almazán, de Puebla; César Hernández, del Estado de México; Manuel Rodríguez, de Tabasco y a otras dos personas.

El 5 de agosto, ISA, la compañía que administra los espectaculares lumínicos al interior del Metro de la Ciudad de México, dijo al INE que un hombre llamado Jorge Amaya Yepiz, contrató una campaña para proyectar los carteles con las fotos de los expresidentes en 608 espacios en las Líneas 2 y 3, dos de las más concurridas. La propaganda costó 413 mil pesos, para proyectar los carteles en 32 paneles en los andenes y las estaciones, además de 576 pantallas. No pude localizar a Amaya.

Unas horas después de esta respuesta, la representación de Morena ante el INE declaró que el Instituto estaba “investigando y acosando a simpatizantes de la consulta popular sin tener facultades constitucionales ni legales”.

La ilegalidad, dijo el representante de Morena, consistía en que el INE solo puede investigar propaganda de la consulta en radio y televisión. Sin embargo, en la precampaña no reportada de Félix Salgado en Guerrero y con las inserciones pagadas de los diputados morenistas, a favor de la consulta, el Tribunal Electoral federal validó las investigaciones del INE, aunque se trataba de publicaciones en Facebook y medios impresos.

Mientras tanto, el 9 de agosto, el INE envió otros requerimientos, a la compañía Telcel y a Epigmenio Ibarra, uno de los ciudadanos que promovió activamente la consulta.

En respuesta a mi columna anterior sobre este tema, en la que conté que Ibarra había financiado el dominio web de la página juicioexpresidentes.mx, él escribió en Twitter que su apoyo fue el pago de “unos 2 mil pesos” por la contratación del sitio web. Ahora, el INE intenta averiguar a nombre de quién está el teléfono celular que se usó para el registro.

Cuando llegó el requerimiento de información a su casa, el 10 de agosto, Ibarra escribió en Twitter: “Muy demócratas se dicen y ahí andan queriendo penalizarme por ejercer mi libertad de expresión. La hipocresía y el autoritarismo van siempre de la mano”.

Muy molesto con la indagatoria, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, anunció que denunciaría la investigación “ante la Contraloría y el Ministerio Público”. Hasta el cierre de esta columna, no hallé algún indicio de que lo haya hecho.