En el ambiente exacerbado de polarización y división que hoy vive el país, la disputa política se ha trasladado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tribunal constitucional del país, que por su naturaleza tiene que estar ajeno a las luchas y reyertas de poder y sólo debe ocuparse de ser el árbitro y juez neutral que interpreta y aplica la Constitución para resolver justo las diferencias entre poderes y actores políticos, hoy está siendo llevado a la arena de la confrontación política, con ataques, campañas y presiones a las ministras y ministros para hacerlos aparecer como “opositores” al Gobierno, cuando en realidad sólo cumplen su papel de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La feroz campaña emprendida desde la Presidencia y las mayorías de Morena en el Congreso, que utilizan su poder para descalificar y violentar el trabajo de los ministros con iniciativas y amenazas de disolución para la actual Corte para dar paso a la elección de un nuevo pleno con ministros electos por el voto ciudadano, es apenas la parte “suave” de la ofensiva de la 4T contra el Poder Judicial. Porque detrás del discurso de odio y los cuestionamientos presidenciales a los sueldos y prestaciones de ley que tienen los miembros de la Corte, viene la otra ofensiva, la de militantes obradoristas que son llevados, apoyados y financiados por el Gobierno de la Ciudad de México para mantener un bloqueo y asedio al edificio del Palacio de Justicia, que han tenido sitiado ya por más de tres semanas.

Expresiones como las que promovió hace una semana el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al acarrear a grupos de personas que vinieron a mandar mensajes y amenazas de muerte a la ministra Norma Piña y otros ministros a los que ponían sus fotografías en ataúdes y cruces funerarias, hablan claramente de que el embate desde el partido gobernante y sus estructuras políticas nacionales, tiene como fin amedrentar, intimidar y amenazar a las ministras y ministros para que dejen de cumplir con su función de equilibrar y frenar los excesos del Poder Ejecutivo con sus leyes, reformas y decretos inconstitucionales, emitidos de manera autoritaria por el presidente López Obrador y aprobados por las mayorías ciegas y serviles de Morena en las dos cámaras del Congreso.

El objetivo final es el sometimiento y la cancelación de la autonomía y la independencia del Poder Judicial que hoy está enfrentando al Presidente y sus excesos. López Obrador difícilmente podrá hacer aprobar una reforma constitucional, como la que ya presentó su partido en la Comisión Permanente, para cambiar no sólo la actual integración de la Corte, sino también el método con el cual se elegiría a los nuevos ministros. No tiene los votos suficientes, ni en la Cámara de Diputados, ni de Senadores, para lograr la mayoría constitucional que necesita para un cambio de esa magnitud, pero ahí radica lo perverso de la estrategia presidencial contra los ministros.

El Presidente está utilizando a la Corte, que es el último reducto que le impide gobernar autoritariamente y sólo con su voluntad, para atizar su discurso radical y victimizante. Al culpar a los ministros de favorecer con sus fallos a sus opositores, en realidad está tratando de justificar sus deficiencias, ineptitudes e incapacidades para gobernar, resolver los problemas graves del país y ejercer el presupuesto de manera clara y transparente. Pero lo más grave es que, detrás de su feroz campaña contra el Poder Judicial, en realidad lo que oculta es su intención de usar a los ministros y sus ingresos como carnada electoral para pedirles a los votantes que le den, en las elecciones federales de 2024, una mayoría legislativa contundente, para poder eliminar a esta Corte, que ve como un obstáculo, para instaurar un nuevo régimen autoritario, de un solo Partido de Estado y dictatorial.

Ese es el objetivo final: deshacerse del último reducto del equilibrio de poderes en el país para que, aunque ya no sea él quien esté en la Presidencia, antes de irse desaparecerla y elegir, por el voto partidista y popular, un nuevo pleno de ministros a modo de su partido y su movimiento, de tal modo que a quién él y sólo él decida dejar como su sucesor en la Presidencia. Que pueda continuar con la instauración del nuevo régimen de Partido de Estado que, con su “asesoría” o maximato desde Palenque, se eternice por muchos sexenios en el poder. Al final López Obrador nunca dejó de ser un priista en esencia, y como tal, sueña con el regreso, otros 75 años, de la nueva y afilada versión del PRI que se llama Morena.

NOTAS INDISCRETAS… Ayer el Gobierno de Sheinbaum enseñó de dos maneras que son el brazo ejecutor de la feroz ofensiva de López Obrador contra la Corte. Por un lado, a la hora de reportar la asistencia a la marcha ciudadana #LaCorteNoSeToca, la Secretaría de Gobierno que encabeza Martí Batres dijo que contó solo 2 mil personas en la movilización que ayer tuvo lugar en las calles del Centro Histórico. No es la primera vez que Batres deja ver no sólo su parcialidad y radicalismo como servidor público de la ciudad, sino sus deficiencias con las matemáticas, pues ya en la primera marcha en defensa del INE, el 13 de noviembre pasado, se aventó la ridiculez de decir que solo habían asistido 15 mil personas, cuando los videos aéreos y los conteos extraoficiales llegaron a calcular más de 300 mil asistentes. Ayer lo volvió a hacer y minimizó con su cifra a la movilización en defensa de la Corte, exhibiendo así la animadversión del Gobierno capitalino a todo tipo de manifestaciones que no sean las de sus simpatizantes. Y esa fue la otra exhibida para Sheinbaum y su Gobierno. Resulta que a los manifestantes del Frente Internacional Obradorista, que llevan semanas bloqueando la entrada de la Corte e intimidando y amenazando al personal del Poder Judicial, a los ministros y a la prensa que cubre su plantón, ayer con el argumento de que querían “evitar enfrentamientos” con los participantes de la marcha ciudadana, los policías granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los sacaron protegidos de su plantón, los subieron a un camión de la dependencia y los trasladaron hacia el rumbo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en donde los bajaron y trataron con todo comedimiento. O sea que entre Martí y Omar García Harfuch dejaron ver que su jefa es la verdadera instigadora, financiadora y protectora de los grupos radicales que amenazan incluso de muerte a las ministras y ministros. Todo con tal de quedar bien con ya saben quién y que la siga viendo y cuidando como su “corcholata” favorita… Los dados abren con Escalera Doble. Se viene buena la semana.