Ciudad de México.– En una resolución histórica que podría marcar un precedente en la restitución de tierras comunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó este martes un amparo al ejido San Vicente de Los Planes, en La Paz, Baja California Sur. El fallo obliga al Tribunal Superior Agrario (TSA) a revisar la legitimidad de un título de propiedad expedido en 1893 durante el mandato de Porfirio Díaz, el cual sustenta un intento de despojo de 584 hectáreas frente al Golfo de California.

Un litigio de un cuarto de siglo

La sentencia pone fin, de manera parcial, a una batalla legal que se ha prolongado durante 25 años. El conflicto enfrenta al ejido con la empresa Boca de la Salina, firma que reclama la titularidad de los terrenos basándose en el documento emitido hace más de 130 años.

Durante años, las instancias inferiores —incluyendo el Tribunal Agrario y un Tribunal Colegiado— habían evadido el análisis de fondo sobre la validez del título porfirista, argumentando que no era materia del litigio. Sin embargo, el ejido argumentó con éxito ante la Corte que dicho documento debe ser sometido a escrutinio bajo el artículo 27 constitucional, el cual faculta la nulidad de transmisiones de tierras efectuadas entre 1876 y 1917 que hayan vulnerado los derechos de comunidades agrarias.

El fallo de la Corte

Con una votación de siete votos contra dos, el Pleno de la SCJN revocó la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, emitida el 31 de julio de 2025, la cual había blindado la negativa del TSA a cuestionar el documento histórico.

El proyecto, presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó la necesidad de confrontar los abusos del periodo porfirista frente a los derechos de propiedad social.

” “La época de Porfirio Díaz, en particular, fue una época en la que se agenciaron de propiedades, violando derechos de personas, sociedades y comunidades. Por eso creo que la declaratoria de nulidad que hace la Constitución es una declaración categórica y que no la podemos obviar”, señaló el ministro durante la sesión.

Implicaciones legales

Con esta resolución, el Tribunal Superior Agrario deberá ahora emitir una nueva determinación que incluya, obligatoriamente, el análisis sobre la validez del título de 1893. La decisión de la Corte sienta un importante precedente para otros conflictos agrarios en el país, donde la legalidad de títulos otorgados durante el Porfiriato ha sido históricamente utilizada para legitimar la apropiación de tierras comunales.