De acuerdo con la teoría económica ortodoxa, es decir, aquella que predomina en la mayoría de las decisiones que toman las autoridades hacendarias o financieras de los países capitalistas, la deuda pública es un factor de riesgo que puede ocasionar desequilibrios en los grandes agregados macroeconómicos de una economía. Desde elevadas tasas de inflación generadas por los déficits fiscales, hasta la atonía en el crecimiento del PIB ocasionada por la desconfianza de los inversionistas en el manejo gubernamental de las finanzas.

Los ajustes que se han llevado a cabo para diseñar un plan de pagos para su reestructuración, y así evitar la moratoria del país, han sido muy negativos y largos para las clases asalariadas y aquellas que conforman la economía informal. México tuvo esa draconiana experiencia en el último cuarto del siglo pasado (20), de austeridad, pobreza y desigualdad, debido a los asimétricos compromisos que firmaban las administraciones federales con el FMI, que por varios años se mantuvieron en secrecía como supuestos documentos de seguridad nacional, en los cuales se dejaba fuera cualquier incremento salarial, y no solamente eso, sino que disminuía la inversión gubernamental y las participaciones federales a las entidades federativas.

Del derroche de ingresos públicos que no beneficiaba a nadie, con la sola excepción de los intereses de los políticos y sus allegados del sector privado, se pasaba a la penuria económica. En esa cadena de despropósitos no puede pasar desapercibida en la historia económica de esta nación, la deuda que se endilgaba a la población al socializar los adeudos de los banqueros que ponían al borde de la debacle al sistema bancario, a través del tristemente célebre programa del Fobaproa, que hasta la fecha se sigue pagando puntualmente.

Por otra parte, en virtud de la relevancia que tiene la deuda del país en el desarrollo y funcionamiento de las actividades productivas, es conveniente conocer el comportamiento que ha seguido esta en los primeros tres años de la Administración del presidente López Obrador, la cual se contrastará con la evolución que ha tenido el crédito privado en 2015 y en el primer semestre de 2022 en la economía mexicana. Aunque aparentemente resulte contradictorio con el planteamiento expuesto, el crédito a los proyectos de los sectores comercial e industrial es imprescindible para su expansión, en cualquiera de sus modalidades: bancario, bursátil, de proveedores, extranjero, etcétera.

En 2021, la deuda gubernamental total (Gobierno federal, entidades estatales, banca de desarrollo, CFE y Pemex) ascendía a 13.4 billones de pesos, que representaba 51.5% del PIB de ese año. Esta incluía la deuda externa, así como la interna. La primera constituía 33.8% del total adeudado, mientras que la segunda llegaba a 66.2% de la suma de los pasivos. Al dividirla por el total de la población nacional, permitía calcular una deuda por cada residente en México, en 2021, de 104 mil 594 pesos. En tanto, en 2018, las obligaciones totales del sector púbico sumaban alrededor de 11 billones de pesos, que al compararlo porcentualmente con el monto del PIB de ese año, llegaba a 46.8%, y la deuda per cápita era de 99 mil 575 pesos.

De acuerdo con lo anterior, al iniciar la actual Administración Federal (2018-2024) la herencia de pasivos fue de 11 billones de pesos, procedente del sexenio anterior (2012-2018). Tres años después se ha elevado a 13.4 billones de pesos, y en términos porcentuales pasó de 46.8, a 51.5 por ciento. A mitad del sexenio, los aumentos absolutos y porcentuales han sido de 2.4 billones de pesos y 4.7%, respectivamente.

A pesar de los efectos distorsionadores que tuvo la pandemia en el quehacer económico, se aprecia un endeudamiento modesto y manejable que no ha trastocado los equilibrios macroeconómicos. Los tres cambios de titulares en la Secretaría de Hacienda tampoco han alterado la política de endeudamiento del Gobierno. Otra característica favorable, ante los cambios abruptos del tipo de cambio peso-dólar, es la estructura de la deuda pública del Gobierno, pues únicamente 33.8% está contratado con acreedores extranjeros a largo plazo, y en divisas, el resto porcentual en pesos.

Por otro lado, el crédito ha mantenido una tendencia a la alza al menos desde 2015 y en los primeros seis meses de 2022. Si en el análisis se considera la cartera de crédito total exclusivamente acotada por préstamos comerciales, al consumo e hipotecarios, esta tuvo una tasa de crecimiento de casi 60%, aunque en términos nominales en los años mencionados, mientras que su estructura interna varió poco: solo los créditos a la vivienda mantuvieron un aumento más que marginal en 2022, y el resto de los rubros crediticios no representó variaciones sustantivas.