Una de las consecuencias más graves del predominio de un Gobierno federal de carácter populista es que la educación se concibe solo como un medio para acrecentar su base social y ampliar su influencia ideológica. Así lo demuestran las acciones que se han adoptado en estos tres últimos años y la ausencia de una estrategia de recuperación frente al rezago provocado por la emergencia sanitaria.

El presupuesto para educación como porcentaje del PIB ha mostrado una tendencia a la baja desde 2015 al pasar del 3.7% al 3.0% en 2020, inferior en 2 puntos al promedio de alrededor del 5.0% del PIB de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), y muy inferior al 8.0% del PIB que debería ser de acuerdo con la Ley General de Educación. El presupuesto educativo de 2021 tiene un crecimiento nulo respecto de 2020 y una caída del 1.3% respecto de 2019.

El Gobierno federal actual canceló la reforma educativa que se había iniciado en 2013 y suspendió la evaluación de maestros como requisito para ingresar y permanecer en el sistema.

Desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un organismo autónomo con más de 17 años de experiencia, y lo sustituyó por un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública, del cual no hay información abierta de los procesos de evaluación que aplica para la asignación de plazas.

Esto, lamentablemente, permite que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recupere, en acuerdo con la autoridad educativa, sus cotos de poder y control sobre el magisterio y el presupuesto educativo en algunos estados.

Además de las decisiones de cancelar todo procedimiento que obligue al cumplimiento de ciertos estándares para mejorar la calidad educativa, la política del actual Gobierno se ha caracterizado por instaurar nuevos programas e iniciativas que, en el discurso, buscan favorecer a la población más desprotegida, pero que, sin embargo, no reciben el apoyo presupuestal necesario y desde su arranque resultan ser experiencias fallidas.

Ejemplos de lo anterior son la declaratoria de la educación inicial y la educación superior como obligatorias, las estrategias para la mejora de las escuelas normales y la inclusión educativa, y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, entre otras.

Pero la característica más importante de la política educativa ha sido la transferencia de recursos presupuestales asignados a programas e instituciones del propio sector, a estrategias que involucran la asignación directa de subsidios a las familias y a las comunidades escolares, sin que exista una forma de garantizar que dichos recursos tendrán un efecto positivo en el mejoramiento de la educación. Es simplemente una red de apoyos clientelares con fines de carácter político electoral; nada que ver con la educación.

Así, se desapareció al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el programa de Escuelas de Tiempo Completo, los programas de atención a la diversidad de la educación indígena y de atención educativa a la población migrante, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el programa de apoyo a los aprendizajes significativos, y se redujo el presupuesto del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Es evidente que la educación ha dejado de ser una política pública prioritaria para forjar un país con una economía más fuerte, con menos desigualdades y mejor calidad de vida para todos. Por el contrario, se condenan el afán de superación personal, las aspiraciones de progreso, el conocimiento y la innovación. Es el retroceso.

Tenemos una gran responsabilidad: detener la destrucción de la educación pública. Evitar que se convierta en un instrumento de dominio ideológico y de movilización electoral que fortalezca el régimen populista y autoritario.