Vicente Fox también revisó la historia en busca de justicia. En su caso, por la Guerra Sucia comprendida entre los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, “bajo la cobertura de una prensa cómplice”. El Presidente de la primera alternancia, creó en 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo propósito era “saber la verdad sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos producto (…) de políticas represivas sistemáticas por servidores públicos (…) y fincar responsabilidades jurídicas –concretamente penales– a los presuntos responsables (…) bajo la óptica de la justicia transicional” (Wikipedia).

Las conclusiones aparecen en el informe histórico presentado a la sociedad mexicana: Fiscalía Especial Femospp. Serie: México: Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad. El órgano desapareció durante el primer año de la Administración de Felipe Calderón, justo cuando iniciaba otra guerra; esta vez, contra la delincuencia organizada. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dice al respecto en su página web: “el final de la Femospp (en 2007) fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno federal, que intentó que sus hallazgos fueran lo menos difundidos posible”.

En esa línea, Wikipedia apunta que la represión militar y política, ocurrida entre los años 60 y 80 del siglo pasado, “es un tema poco conocido por el grueso de la población, esto debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha ocultado o eliminado la información y tampoco se redactó en los libros de historia”. Como otros temas sensibles, el informe de la Femospp circuló primero en Estados Unidos y entre historiadores y escritores mexicanos como Elena Poniatowska, Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis, quienes publicaron sobre la Guerra Sucia.

“En aras del derecho ciudadano a la información”, el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), con sede en la Universidad George Washington, presentó un borrador del informe de la Femospp, el 26 de febrero de 2006, en su página de internet. Durante los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, “cientos de ciudadanos mexicanos –tanto civiles inocentes como militares armados– fueron asesinados o ‘desaparecidos’ por fuerzas militares y de seguridad. Miles más fueron torturados, ilegalmente detenidos, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades”.

Enseguida advierte: “Después de que la elección del presidente Fox marcó una transición política después de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, el Gobierno mexicano ha actuado decididamente en favor de una mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas”.

Sin embargo, reprocha: “El hecho de que una versión del informe final de la Fiscalía Especial se encuentre circulando entre un puñado de ciudadanos prominentes –y sin embargo siga cerrado e inaccesible para aquellos que fueron más afectados por la violencia– es una situación que evoca al pasado en México, cuando los ciudadanos eran rutinariamente excluidos de participar cívicamente por parte de un Gobierno determinado a mantenerlos en la oscuridad. La información era poder, y el derecho a la información no existía para ciudadanos
ordinarios”.

La Femospp acusó a Luis Echeverría –único exmandatario superviviente de la Guerra Sucia– de tramar, junto con Díaz Ordaz, la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Se le dictó arresto domiciliario por presunto genocidio, pero en 2009 fue absuelto… también por la masacre del Jueves de Corpus (1971), cuando era Presidente. “No hay un solo castigado de esa cadena terrible de crímenes que se inició en el 69”, deploró la activista Rosario Ibarra de Piedra (El Mundo, 27.03.09).