Después de analizar el pasado proceso electoral, he llegado a algunas conclusiones, dentro de ellas, la del estatus que guarda hoy la democracia y soberanía en nuestro país, que -sin darnos cuenta- más que vivir un retroceso, vive un estancamiento. De un tiempo para acá, es de llamar la atención cómo se explota la libertad del electorado a través diversas acciones, una de las más claras: la coacción del voto en todas sus formas.

Siempre ha existido, pero se ha agudizado como técnica principal de varios partidos, y para entender el significado de esta acción es importante entender en sí la palabra, como aquella fuerza o violencia fisica o sicológica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad.

Es decir, realmente el grueso de la gente ¿vota por quien quiere votar o por quien le obligan a votar?, ¿el grueso del electorado vota por quien le resuelva sus problemas en el mediano plazo o por quien con 200 pesos le resuelve la despensa del día? La respuesta ya la conocemos, pero entonces ¿la gente -sobre todo la más agraviada económicamente- decide?

Entre los políticos y el electorado no existe una relación sin fin alguno, es decir, sin un interés de por medio. Dice Byung Chul Han -filosofo y ensayista surcoreano- que “se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como “la libertad de votar por quien yo quiera”, -es decir, para que esa persona no vote por quien piensa votar por empatía, habrá de seducirla o amenazarla con “acciones de gobierno, partidistas o estratégicas que generen coacción-, al final por necesidad terminará votando por determinado proyecto, pero por necesidad y no por convicción, lo que no sabe esa persona -que cree que al momento de encontrarse sola y su alma en la urna, votó con libertad- es que realmente explotaron su libertad”, ya sea a través de la intromisión de un poder que seduce o que reprime, pero ya influyeron sobre “su decisión”.

Dice el filosofo y ensayista surcoreano, que “el poder inteligente, de apariencia libre y amable, que estimula y seduce, es más efectivo que el poder que califica, amenaza y prescribe”. Sin embargo, ambos, en su ejercicio, dañan la democracia y soberanía, porque ya sea mediante un modelo seductor u otro opresor, lo que se busca a través de determinadas acciones, es explotar la libertad.

En el caso del poder seductor, la máxima es que cuanto mayor es el poder, más silenciosamente se debe actuar. “El poder inteligente y amable no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor, que represor. No se enfrenta al sujeto, le da facilidades. Seduce, no prohíbe”. Por otro lado, aunque más rústico y prehistórico -pero aplicado por gobiernos principalmente populistas y autocráticos-, el poder que reprime, que confronta, que califica y que amenaza, pero que se disfraza de soberano, como ocurre en la mayoría de las dictaduras, se manifiesta de formas más “estruendosas”, sin cuidar muchas formas, más atropellado, más a la vieja usanza, sin importarle mucho si se descubren sus intenciones o no, simplemente se deja llevar. En esta lógica “soberana” hay una relación vertical de poder. Yo abajo contra tu arriba, ciudadano-gobernante.

Hablando de México, en uno u otro modelo, alguno aplicado a nivel federal, otros a nivel estatal o municipal, hay un común denominador y es la coacción. Ya sea de manera “silenciosa y seductora” o “a la brava”, el cuestionamiento -luego de ver la compra de votos a “$200 varitos” o el condicionamiento de becas o tarjetas a cambio del voto en el pasado proceso electoral-, es si verdaderamente hemos avanzado democráticamente, si la gente realmente decide en las urnas, o si habremos de enfrentarnos pues a una realidad en la que la chequera gubernamental y el presupuesto por encima de las ideas, principios y la convicción, sea lo que verdaderamente defina una elección.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.