Por: Juan José Sierra Álvarez

Ciudad de México.- Hay momentos en los que un país se reconoce en su propio reflejo, y ese reflejo no siempre es cómodo. Hoy, al recorrer cualquier mercado, corredor industrial o zona fronteriza, percibimos una inquietud que no proviene de titulares, sino de conversaciones discretas entre comerciantes, de negocios que bajan la cortina antes de tiempo, de familias que reorganizan su vida alrededor del temor. Esa inquietud tiene un nombre: la expansión de la extorsión como una fuerza que altera la vida cotidiana y redefine la forma en que trabajamos, emprendemos y convivimos.

El desafío no es nuevo, pero sí ha alcanzado una dimensión que no habíamos visto. La violencia dejó de ser un fenómeno acotado y se convirtió en un factor que erosiona la certidumbre económica, debilita instituciones y fragmenta comunidades. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, no solo estremeció a la opinión pública sino que hizo evidente la profundidad del enojo social y la percepción de vulnerabilidad que atraviesa profesiones, edades y regiones.

En este contexto, es imposible ignorar que la extorsión ocupa un lugar central en la crisis que enfrentamos. En lo que va del año, México ha registrado 8,585 víctimas de extorsión (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2025), un aumento de 5.2% respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, este delito creció 15.2%. Y estas cifras no consideran la “cifra negra”, que representa la enorme cantidad de casos que no se denuncian por miedo o desconfianza.

La realidad es contundente: la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país. A quien dirige una microempresa desde su casa, a la mujer que emprendió para sostener a su familia, al joven que abrió un taller con sus ahorros, al productor agrícola que resiste para no cerrar. La extorsión es el delito que mata a las mipymes, que generan el 70% del empleo nacional, y no solo cierra negocios: destruye patrimonios construidos a lo largo de años por familias, trabajadores y comunidades enteras.

No se trata únicamente de dinero. La extorsión define quién puede abrir, quién puede invertir, quién puede permanecer en un territorio. Se ha convertido en un mecanismo de control económico que altera mercados completos, inhibe la competencia, fortalece redes ilícitas y provoca una migración silenciosa: familias que huyen en cuanto pueden, comerciantes que abandonan sus proyectos, jóvenes que renuncian a emprender por miedo.

No todo es falla institucional. También existen zonas donde se han logrado progresos, como Tijuana, que ha enfrentado ciclos complejos, pero donde la colaboración social, la presión ciudadana y la participación de sectores productivos han demostrado que sí es posible revertir tendencias cuando la autoridad responde y la comunidad acompaña. Estos casos deben inspirar soluciones replicables en otras regiones.

Para enfrentar la extorsión, México necesita una estrategia nacional, no una sucesión de esfuerzos aislados. Esto implica coordinar policías estatales y municipales, fortalecer a las fiscalías, desarticular redes de corrupción, invertir en inteligencia financiera y, sobre todo, garantizar presencia territorial. Ninguna estrategia será suficiente si las corporaciones locales carecen de capacitación, recursos o integridad.

La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión representa una herramienta indispensable para homologar criterios en todo el país y cerrar los vacíos legales que fomentan la impunidad. No es una ley más; es una pieza clave para reconstruir el Estado de Derechos en torno a uno de los delitos más devastadores de la actualidad.

Pero el Estado no puede hacerlo solo. Esta crisis exige una sociedad activa, informada y participativa. Las empresas —pequeñas, medianas y grandes— tienen la capacidad de construir redes comunitarias, apoyar mecanismos de denuncia segura, impulsar programas de prevención y contribuir a restaurar la confianza social. La seguridad es, también, una corresponsabilidad.

México merece vivir en paz. México puede vivir en paz. Somos capaces de superar crisis profundas cuando instituciones y ciudadanía caminan en la misma dirección.

La extorsión no puede ser normalizada ni aceptada como parte del paisaje. Es momento de actuar con responsabilidad histórica, de exigir resultados, de fortalecer la autoridad legítima y de acompañar a quienes sostienen sus negocios en condiciones adversas. El país no está condenado; el país está esperando que cumplamos con nuestra responsabilidad.

Con información de Expansión

Nota del editor: Juan José Sierra Álvarez es originario de Veracruz. Es contador público con especialidad en auditoría financiera, y ha desarrollado una larga trayectoria tanto en el sector privado como en organizaciones de la sociedad civil y en Coparmex. Como presidente del organismo, impulsa una visión basada en la unidad, el desarrollo inclusivo, el fortalecimiento de las mipymes. Síguelo en X como @jsierraalvarez

Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.