Ciudad de México.- El sector patronal afirmó que el delito de extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en el país.

Juan José Sierra, presidente de Coparmex, afirmó que el país está cansado de vivir con miedo y de la falta de respuestas.

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Voces distintas, que demuestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas.

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Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos.

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La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”, señaló durante un pronunciamiento sobre la inseguridad en el país.

Advirtió que no se puede permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.

La expansión de este delito, dijo, es la evidencia más dura de la falla institucional. “Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible.

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En lo que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2 por ciento. De estas víctimas, 11.8 por ciento se encuentran en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15.2 por ciento respecto al año pasado” denunció.

Esto significa, consideró, que la extorsión crece sin freno, sin consecuencias y sin una respuesta Proporcional del Estado.

El líder de Coparmex hizo un llamado firme, directo y responsable a quienes tienen la obligación constitucional de garantizar seguridad y justicia.

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Al Gobierno Federal, le corresponde encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos, que erradique las redes de colusión que hacen posible la impunidad. “Y a los congresos y autoridades locales, armonizar la legislación y organizar presupuestos y estructuras”, subrayó.

Sierra expuso que México necesita que este delito sea tratado con la prioridad que merece, con los recursos equivalentes a su impacto económico y social.