Una propuesta que está causando controversia en los medios políticos y académicos fue la que anunció el senador Ricardo Monreal, hace algunos días, la cual pretende eliminar los entes reguladores: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con la desaparición de estos, se crearía el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), en aras de maximizar el p

Presupuesto de Egresos federal, al fusionar tres comisiones en un solo Instituto. Se calcula, a grosso modo, un ahorro anual para el Gobierno de 400 millones de pesos, que se lograría por la reducción de personal y el recorte al gasto administrativo y técnico. La palabra bienestar ha sido muy socorrida por el régimen que nos gobierna, y para no ser disonante con la narrativa política, también se le coloca en organismos ajenos a programas sociales.

En la primera lectura de ese intento de iniciativa del senador de Morena, se pueden identificar las motivaciones o causas de fondo que la estructuraron, que indudablemente son de carácter político, más que técnico: el control del Ejecutivo en esas instancias, que tienen autonomía del Gobierno; aunque todos los presidentes de la República han tenido consejeros afines, y desde sus puestos no han desestimado los intereses del mandatario en turno. Lo que llama la atención, es el empecinamiento de esta Administración federal por tener una intervención contundente en todas las áreas de Gobierno y del Estado.

Ya lograron, gracias a la votación de los ciudadanos, que la división de poderes, al menos el Poder Legislativo, es decir el Congreso de la Unión, represente un marginal contrapeso, pues está casi controlado por el partido del propio Presidente, lo cual facilitaría la elección de candidatos “oficiales” a ocupar las consejerías del nuevo organismo. Pero, si se trata de realizar una evaluación objetiva y seria del rol que han jugado el IFT, Cofece y CRE en la economía, la métrica y los parámetros cambian, los indicadores de desempeño serían los más efectivos para medir su competitividad.

Algunas de las críticas que ha hecho el presidente Andrés López Obrador sobre el funcionamiento de estos organismos susceptibles de desaparecer, conviene rescatarlas y analizarlas sin ningún trasfondo ideológico. Algunas de ellas han sido en el sentido del excesivo número de burócratas que laboran en ellas y su precario rendimiento, pues los resultados obtenidos no han sido los óptimos; en la práctica, las observaciones del Mandatario ha sido certeras. Por ejemplo, en el caso de la Cofece, las políticas antimonopolios que ha implementado se han caracterizado por ser selectivas y discrecionales, pues siguen existiendo empresas que controlan casi todo el mercado en el que en teoría compiten.

Un sector que sigue manteniendo el monopolio en muchas ciudades del país ha sido el servicio de gas natural domiciliario, con tarifas poco competitivas, superiores a las de otros países con economías similares a la nacional. Los grandes corporativos han aprovechado su poder económico, que los ha blindado de lidiar con competidores con menos peso político y escala de producción, lo que repercute en el consumidor, al pagar precios más elevados por determinados productos y servicios. Por otra parte, el CRE y la propia Cofece siguen privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al no permitir que otras compañías ofrezcan el servicio del fluido eléctrico a los hogares en México.

Finalmente, el senador Monreal desistió de su propuesta de desaparecer a los reguladores. No obstante, es conveniente auditar su trabajo y no confundir el término autonomía con independencia monetaria y no rendición de cuentas.