La cifra más importante para entender el futuro económico de México no está en el crecimiento del PIB, el tipo de cambio o la inversión extranjera. Está en la tasa de fecundidad. Mientras buena parte de la atención pública sigue concentrada en los indicadores de corto plazo, la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, que encabeza Graciela Márquez, confirma que las mexicanas tienen cada vez menos hijos y la población envejece más rápido de lo previsto.
Los números son reveladores. La edad mediana de la población pasó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025. Al mismo tiempo, la tasa global de fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a apenas 1.2 en 2024. Lo que hace unos años parecía una tendencia lejana comenzó a instalarse en la realidad nacional. México está dejando atrás la etapa en la que una población joven era una de sus principales ventajas competitivas.

Durante décadas, gobiernos, empresarios y analistas buscaron fórmulas para acelerar el crecimiento económico. El país apostó por la apertura comercial, se integró a América del Norte y más recientemente intentó posicionarse como el destino natural del nearshoring. Sin embargo, mientras la atención estaba centrada en tratados, inversiones y cadenas de suministro, comenzó a modificarse un factor mucho más determinante: la composición de la propia población.
La explicación no puede reducirse a un cambio cultural. El entorno económico pesa cada vez más en las decisiones personales. Para una parte importante de los jóvenes, comprar una vivienda se volvió una meta distante. El costo de la vida consume una proporción creciente de los ingresos familiares. La estabilidad laboral sigue siendo escasa para millones de trabajadores y la incertidumbre económica se ha convertido en una constante. En esas condiciones, formar una familia deja de ser únicamente una decisión afectiva y empieza a depender también de variables financieras.

Desde esa perspectiva, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), que dirige Cuauhtémoc Rivera, puso el tema sobre la mesa al vincular la caída de la natalidad con factores como el alto costo de vida, los ingresos insuficientes, la precarización laboral, la inseguridad y las dificultades para acceder a una vivienda. No es un señalamiento menor. El comercio de barrio suele funcionar como un termómetro social que registra antes que nadie los cambios en los hábitos de consumo y en las prioridades de los hogares.

Las consecuencias de este fenómeno no aparecerán mañana, pero ya están en camino. Menos nacimientos hoy significan menos trabajadores dentro de dos décadas, una base más reducida de contribuyentes y mayores presiones sobre los sistemas de salud, pensiones y asistencia social. Países desarrollados llevan años enfrentando esa realidad y destinando enormes recursos para contener sus efectos. México apenas comienza a verla de frente.

No se trata de promover un modelo de familia ni de cuestionar las decisiones individuales. Cada persona tiene derecho a definir su proyecto de vida. Lo que resulta preocupante es que una parte creciente de la población esté postergando la posibilidad de tener hijos por razones económicas más que por convicción personal. Cuando el ingreso disponible, el costo de la vivienda o la incertidumbre laboral terminan inclinando la balanza, el asunto deja de pertenecer exclusivamente al ámbito privado.

EL MERCADO automotor mexicano acaba de reescribir sus propios registros. Entre enero y septiembre se comercializaron un millón 144 mil 2 vehículos ligeros, la cifra más alta para un periodo similar desde que existen registros comparables. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que preside Guillermo Rosales, incluso quedó atrás la marca establecida en 2016. La venta de autos sumó casi 55 mil unidades adicionales respecto al año pasado y septiembre aportó 129 mil 288 vehículos colocados en el mercado. El resultado llamó la atención porque superó las estimaciones de la propia industria. Mientras la producción automotriz ha mostrado altibajos en algunos meses, los consumidores siguieron llegando a las agencias.

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera, que Omar Reyes Colmenares, decidió aplazar hasta 2027 el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero para quienes realizan actividades vulnerables. La medida responde a la entrada en vigor de nuevas disposiciones derivadas de la reforma a la legislación antilavado y busca que la evaluación se lleve a cabo bajo reglas actualizadas. El cambio impacta a sectores como el inmobiliario, los activos virtuales, los comercializadores de joyas y metales preciosos, los arrendadores de inmuebles, los notarios y otros prestadores de servicios considerados de riesgo. El periodo adicional permitirá adecuar procesos y obligaciones antes de la aplicación de la certificación.

EL BOLSILLO DE los hogares mexicanos sigue avanzando, pero ya sin la velocidad que mostró en años anteriores. En julio, el consumo privado reportó un crecimiento anual de 1.1%, aunque frente a junio permaneció prácticamente sin movimiento. Los datos del Inegi muestran que el gasto en bienes importados mantuvo un mejor desempeño que el consumo de productos y servicios nacionales, mientras que indicadores de BBVA Research reflejan una moderación en el ritmo de compra de las familias. Restaurantes, hoteles y entretenimiento registraron retrocesos durante el mes, una señal de que el gasto discrecional enfrenta mayores presiones.

LA ASEA, organismo que preside Andrea González Hernández, y responsable de la supervisión ambiental y de seguridad en el sector energético, reportó que su cuenta oficial de Instagram fue comprometida durante la madrugada del 4 de octubre. La dependencia informó que la vulneración ocurrió a las 01:52 horas y pidió a usuarios, empresas reguladas y público en general ignorar cualquier publicación o mensaje difundido desde ese perfil hasta nuevo aviso. Mientras avanza el proceso para recuperar la cuenta, la agencia recordó que no solicita información a través de redes sociales y que los canales oficiales de contacto permanecen disponibles mediante sus mecanismos institucionales.