Frozan Safi tenía 29 años. Frozan era una joven activista afgana profesora de economía. Frozan fue asesinada el pasado mes de octubre en su país. Recibió tantos tiros de arma de fuego que su cara fue completamente destruida al punto de hacerla irreconocible. Por desgracia, Frozan no ha sido la única víctima de la violencia de género contra las mujeres restaurada por los talibanes con su regreso al poder después de los 20 años de administración estadounidense. Violencia particularmente feroz que trata de aniquilar a las mujeres, limitando su libertad, su vida y su dignidad como seres humanos.

El regreso de los talibanes, un grupo de guerrilleros fundamentalistas islámicos formado por estudiantes del Corán que pretenden seguir la sharía para gobernar el país, hizo que las mujeres afganas cayeran en la misma pesadilla en la que fueron obligadas a vivir desde 1996, año en que los talibanes conquistaron Kabul. Posteriormente, en 2001, cuando las fuerzas de Estados Unidos derrotaron a los talibanes, comenzó un decenio en el que EU y sus aliados trataron de mantener el orden y establecer un sistema democrático. Antes de 1996, las mujeres afganas estaban involucradas en todas las esferas de la vida social, económica y política. Fueron una parte importante de la fuerza de trabajo y se desempeñaban en todos los sectores, incluyendo el de educación, la medicina, y las fuerzas armadas, entre otros..

El regreso de los talibanes al poder en Afganistán ha llamado la atención de la comunidad internacional sobre la grave situación en la que las mujeres se ven obligadas a vivir debido a las normas (legales o culturales) que las discriminan y violentan, al no considerarlas personas. Casi un año después, la emergencia de las mujeres afganas no ha terminado y la preocupación internacional generalizada se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y la presencia en la escena internacional de nuevas preocupaciones, como el conflicto bélico en Ucrania.

Las mujeres afganas empiezan a ser olvidadas, y se convierten de nuevo en entes invisibles, al igual que la mayoría de las mujeres que viven con violencia y discriminación. Por desgracia, Afganistán no es el único país del mundo en el que las mujeres sufren violencia. Según los datos del Índice de Paz y Seguridad 2021-22; Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán, Irak, Sudán del Sur, Chad, la República Democrática del Congo, Sudán y Sierra Leona, son los 10 países con los índices más altos de violencia de género en contra de las mujeres.

Pero, en realidad, la lista es mucho más larga e incluye países en donde, incluso cuando las mujeres están institucionalmente protegidas contra cualquier forma de violencia, ser mujer es muy peligroso. Pensemos en México, por ejemplo. En 2021 se registró el mayor número de feminicidios en la historia del país. Entre 2020 y 2021, al menos 416 mujeres fueron secuestradas y otras 957 fueron denunciadas como víctimas de la trata de personas. En 2021 se rompió el máximo histórico de los delitos de violación, con un total de 21,188 denuncias, 28% más que en 2020 (16,544).

México y Afganistán son dos países profundamente diferentes. Desafortunadamente, los une la profunda violencia de género en contra de las mujeres y, particularmente aquella dirigida a quienes no aceptan que sus derechos sean vulnerados. En México, en 2001 fue asesinada Digna Ochoa, activista de derechos humanos. El asesinato de Digna Ochoa, a diferencia de el de Frozan Safi, fue perpetuado en un país donde los derechos de las mujeres están, supuestamente, protegidos y garantizados. Sin embargo, a pesar de estas garantías, ser mujer en México es muy peligroso debido al alto índice de impunidad de estos delitos. El feminicidio de Digna Ochoa fue la “noticia de una muerte anunciada”, ya que Digna fue víctima de amenazas por su actividad en defensa de derechos humanos.

Tuvieron que pasar más de 20 años para que Digna recibiera justicia, y la recibió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la primera vez que México fue condenado por esta Corte en un caso relativo a la muerte de una persona que defiende derechos humanos. Pero fue la quinta vez que el juez interamericano reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por casos de violencia de género.

El femicidio es sólo la punta de un iceberg mucho más grande. De hecho, la mayoría de los casos de violencia de género son mucho menos visibles. Las mujeres son víctimas de violencia sexual, mutilación genital femenina, crímenes de honor, matrimonios forzados, violencia doméstica, etc. No todos los casos de violencia de género contra las mujeres tienen la “suerte” de recibir la atención de los medios de comunicación y de la comunidad internacional. Existe una gran proporción de violencia de género “normalizada” y, como tal, prácticamente invisible.

Frozan y Digna no pudieron escapar de su país. Muchas mujeres víctimas de la violencia de género pueden huir y buscar protección en otro país. Pero no tienen la certeza de que lograrán ese cometido. Su destino está confiado a una especie de “ruleta rusa” que depende de muchos factores y, en particular, de la aplicación a nivel nacional de una interpretación con perspectiva de género del Derecho Internacional de los Refugiados. A pesar de la importante evolución del Derecho internacional en esta materia, los estados mantienen una posición desigual que no garantiza la seguridad y la igualdad en la protección de los derechos de las mujeres.

Esta situación está relacionada con el hecho de que, aún hoy, el Derecho Internacional de los Refugiados nace para responder a las necesidades de un contexto muy específico, el de los desplazados de la Segunda Guerra Mundial y, en su versión original, no incluía la perspectiva de género o de sexo. No obstante, el panorama internacional de los últimos años ha cambiado profundamente gracias a la evolución de la perspectiva de género en el Derecho, que ha permitido interpretar los elementos necesarios para la concesión de la condición de refugiado a la luz de una perspectiva que brinde una mayor protección a las mujeres y, en algunos casos, superar las lagunas existentes, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de considerar la violencia doméstica o privada como forma de violencia de género que justifica la concesión de la protección internacional prevista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Si el regreso de los talibanes a Afganistán ha preocupado a toda la comunidad internacional sobre la suerte de millones de mujeres privadas de los derechos humanos más fundamentales, en realidad deberíamos preguntarnos qué mecanismos son aquellos que todos los estados deben poner en práctica para garantizar una protección eficaz y uniforme a todas las mujeres víctimas de violencia de género, sin distinción alguna, y que tienen como último objetivo la protección internacional. Desafortunadamente, a nivel mundial, la deuda con las mujeres y sus derechos sigue siendo demasiado grande…